El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, considera que la incautación de material a periodistas que cubren el caso Cursach es el «remate» a un 2018 que ha resultado un mal año para la profesión en materia de libertad de expresión. En entrevista con Efe, Rodríguez hace balance de lo que ha supuesto 2018 para el periodismo, que atraviesa tiempos convulsos y afronta numerosos retos, y para la organización profesional que preside desde hace ocho meses.

«Este año no ha sido un buen año para los periodistas en materia de libertad de expresión y lo confirma lo que ha ocurrido estos días: un remate para nada positivo», remarca.

El pasado martes el juzgado número 12 de Palma ordenó requisar documentación, ordenadores y teléfonos móviles a periodistas del Diario de Mallorca y de Europa Press por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de noticias sobre el caso Cursach. Desde entonces, distintas asociaciones periodísticas, medios de comunicación y profesionales han denunciado estas actuaciones, que para el presidente de la FAPE suponen una «gravísima vulneración del derecho de los periodistas al secreto profesional» que «no cuenta con precedentes» en España. «Los jueces tienen que reflexionar sobre estas medidas limitadoras de la libertad de expresión y tienen que entender que no se pueden vulnerar los derechos que afectan al libre ejercicio del periodismo», resalta Rodríguez. Y recuerda la «interpretación restrictiva» que hizo en febrero una jueza de Madrid al ordenar el secuestro del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero.

El «prolongado» conflicto catalán también ha afectado al ejercicio libre de la profesión según subraya Rodríguez, que destaca que muchos compañeros han tenido que desarrollar su trabajo «bajo condiciones de acoso y de inseguridad». Para el presidente de la federación, la necesidad de defender la libertad de expresión y el derecho a la información se hace más necesaria si cabe con la conocida como «ley mordaza».

«Una ley que atenta directamente contra la libertad y el ejercicio libre del periodismo, una ley que ha supuesto decenas de sanciones a periodistas y fotoreporteros multados por el simple hecho de ejercer libremente su profesión», incide.

En este sentido, critica que los partidos que se opusieron rotundamente a la «ley mordaza», aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP, y que anunciaron que la derogarían si gobernaban no lo lleven a término «ahora que están en condiciones de hacerlo».

Por eso, «lo que se debe hacer es denunciar, denunciar y denunciar», una «constante» en la Junta directiva que el pasado 14 de abril tomó las riendas de la FAPE tras ocho años de mandato de Elsa González, que no se presentó a la reelección. El balance de estos meses es «muy positivo», dice Rodríguez, que explica que se han centrado en la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los derechos laborales de los periodistas y en hacer que las reivindicaciones de los informadores «encuentren eco entre quienes tienen la capacidad de gobernar».

Queda mucho trabajo por hacer y la FAPE se marca su principal reto para 2019: impulsar un pacto entre editores y sindicatos para romper con la precariedad salarial y laboral que sufre la profesión.

«Ha llegado la hora de que la mejora de la macroeconomía que está viviendo el país se traslade también a los salarios de los periodistas», apuntó.