UGT exigió ayer al Gobierno y a los partidos políticos que desarrollen la ley que, según recoge la Constitución, debe regular el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de la profesión periodística.
Para el sindicato, la eventual ley debe surgir además de un «amplio consenso», no solo entre el Ejecutivo y los distintos partidos políticos, sino también con el resto de la sociedad a través de las asociaciones de periodistas, los medios de comunicación y los sindicatos.
«Rechazamos la actuación del juez (Florit), porque quebranta el secreto profesional y es una actuación muy grave para el libre ejercicio de la profesión periodística», aseguró el coordinador de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, quien añadió que «hay que ir más allá».
Por ello, el sindicato pide que se desarrolle la Ley que la Constitución recoge en su artículo 20 cuando, al reconocer el derecho «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Rivero señaló que «la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades». UGT considera necesaria esta ley, «que en cuarenta años no se ha desarrollado», para «blindar la cláusula de conciencia y el secreto profesional» y para que no vuelva a ocurrir lo que ha sucedido en Palma. El sindicato recuerda que el secreto profesional constituye un «pilar esencial» del ejercicio democrático del periodismo y que su «quebranto» no solo es un hecho «muy grave para el libre desarrollo del periodismo», sino también para la democracia, dado que «genera autocensura».
«Si las fuentes ven peligrar el amparo del secreto profesional, se autocensurarán y no sólo el periodismo no podrá ejercer como contrapoder, sino que los ciudadanos no contarán con su derecho a la información», asegura el dirigente sindical.
