El Parlament balear aprobó ayer con el apoyo de todos los partidos, aunque con la crítica severa del PP, el crédito de 142,7 millones de euros para pagar las indemnizaciones judiciales por la ley 4/2008 de medidas urgentes de protección del territorio que aprobó el anterior gobierno progresista presidido por el socialista Francesc Antich, que protegió 1.500 hectáreas de Balears y siete kilómetros de costa, entre ellas Benirràs, Punta Pedrera, Cala d'Hort y parte de Roca Llisa.

Contra esta ley, se presentaron numerosos contenciosos judiciales de particulares, lo que ha propiciado sentencias que condenan a la Comunitat Autònoma a pagar indemnizaciones millonarias. Es el caso de Punta Pedrera, en Sant Josep, por cuya protección el Govern ya ha abonado 87 millones de euros. La propiedad ha destinado este dinero a la compra del aeropuerto de Ciudad Real.

El Consell de Govern aprobó el pasado viernes el pago de 17 millones de euros en cumplimiento de varias sentencias firmes que afectan a Roca Llisa, aunque queda pendiente la liquidación de otras resoluciones judiciales. En total, la factura por la protección de Roca Llisa supera los 20 millones.

La cámara legislativa balear aprobó ayer el decreto ley del Govern que prevé el pago extraordinario de un crédito de 142,7 millones con cargo a los presupuestos autonómicos de este año.

La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, defendió la ley 4/2008 porque sirvió para la protección del medio ambiente y la preservación del paisaje y destacó que, con ella, se impidió la construcción de nuevos campos de golf, como el de Son Baco de Campos. En definitiva, la ley socialista sirvió para actuar «de manera decidida contra un urbanismo desbocado que implicaba más masificación y más presión sobre el territorio».

A pesar del elevado importe de estas indemnizaciones, la Comunitat Autònoma cerrará 2018 con una deuda pública del 28,1% sobre el PIB, por debajo del 29,1% autorizado por el Ministerio de Hacienda, según Cladera.

La portavoz adjunta del PP, Marga Prohens, calificó la «ley Carbonero» (por el exconseller de Territorio Jaume Carbonero, del PSOE) como «la primera ley Frankenstein de la historia socialista de esta comunidad» y agregó que la misma supuso un «ataque frontal a la propiedad privada».

«El dinero de los ciudadanos»

Prohens acusó al anterior Ejecutivo presidido por los socialistas de «jugar con el dinero de los ciudadanos sin que esto les importe lo más mínimo».

La diputada cuestionó qué políticas públicas, nuevas escuelas públicas o viviendas de protección oficial, se podrían haber puesto en marcha con esos 142,7 millones, que ahora «deberán pagar los ciudadanos». Así, Prohens invitó a la consellera a «salir a la calle y explicar a los ciudadanos» el pago de esta cantidad millonaria en indemnizaciones.

Además, el PP calificó de «burdo» el hecho de que el Govern hubiera elevado al pleno la votación conjunta de este decreto ley para el pago de las indemnizaciones junto a otro para modificar puntualmente las ayudas del Govern por las lluvias que afectaron a Mallorca el pasado 9 de octubre.

Al tramitarse conjuntamente en una única iniciativa parlamentaria, estos decretos ley no han podido votarse de manera separada. Se trata de dos temas «totalmente distintos», pero la intención del Govern, lamentó Prohens, es que ningún partido votara en contra de las indemnizaciones judiciales, lo que habría supuesto también oponerse a las ayudas a las personas afectadas por la catástrofe del Llevant.

El diputado del PI Josep Melià coincidió con el PP y criticó que estos dos decretos «nadan tienen que ver» el uno con el otro y añadió que su grupo votó a favor por un motivo de «coherencia». Por su parte, el diputado de Podemos Aitor Morrás señaló que «se debería esperar» para conceder el pago e indicó que la partida se podría destinar a otras cuestiones, como a «políticas educativas o sanitarias».