El equipo de gobierno del Consell de Ibiza prevé en el presupuesto del año que viene el aumento de la plantilla estructural con 108 plazas nuevas (32 aprobadas este año, que no tenían consignación económica) y 37 más de carácter temporal, a pesar de que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez no ha derogado la ley de racionalización administrativa conocida como ley Montoro, que impide el incremento del personal de las instituciones. El presupuesto que se destinará a personal pasa de 28,5 a 34,5 millones de euros, lo que supone una subida del 21,14%.
El Consell contempla gestionar en 2019, en el año de las elecciones, un presupuesto de 108 millones de euros, un 7,5% más que en 2018, y el «más alto de la historia». También se prevé dejar el año que viene la deuda de la institución «a cero».
El presidente, Vicent Torres, destacó ayer, junto a la vicepresidenta primera, Viviana de Sans, y el conseller de Hacienda, Gonzalo Juan, que con el último presupuesto de este mandato se «da cumplimiento» a los acuerdos por el cambio pactados por el PSOE y Podemos-Guanyem tras las elecciones de 2015. «Queda mucho trabajo por hacer que se puede continuar a partir de 2019», dijo Torres en clave electoral. El presupuesto se aprobará el miércoles en un pleno extraordinario.
La vicepresidenta segunda y responsable del área de Recursos Humanos, Marta Díaz, que también estaba presente en la rueda de prensa, explicó que, pese a la ley Montoro, los servicios jurídicos de la institución han podido justificar «la excepcionalidad» que prevé dicha norma para la creación de cada una de las nuevas plazas previstas. Pese a defender «la legalidad» de la ampliación de la plantilla, Díaz también destacó el hecho de que, tras el cambio de Gobierno en España, tiene la garantía de que la Delegación del Gobierno en Balears, que es la administración competente, «no la impugnará».
Gobierno «comprensible»
De Sans añadió que el nuevo Gobierno será «comprensivo» con las necesidades de personal de las administraciones y «no mirará excesivamente, con demasiado rigor», la ampliación de la plantilla de la institución. Díaz también dijo que el Consell, como administración «prestadora de servicios», no puede cumplir su función sin una suficiente dotación de personal.
La residencia de Cas Serres, con diez nuevas plazas, es el departamento con mayor incremento de personal, seguido de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), con ocho. Para el departamento de Menores se prevén cuatro trabajadores más y dos monitores para el centro de menores Pare Morey, mientras que para la Oficina de la Dona se contemplan dos personas (plazas de letrado y trabajador social).
El capítulo de inversiones, con un global de 22,2 millones, se incrementa un 3,3% con respecto a este año e incorpora inversiones ya iniciadas o proyectadas, como las obras de la carretera de Santa Eulària y la creación de carriles-bici (8,4 millones), la construcción del centro de baja exigencia de es Gorg (un millón de euros), el nuevo edificio del centro de menores (un millón) o las inversiones con fondos estatutarios pendientes desde hace años (4,6 millones), así como una partida de 1,8 millones para sa Coma y 1,3 millones para el desarrollo del plan estratégico de reconversión del modelo turístico de Sant Antoni.
Entre las nuevas inversiones, la mayoría financiadas con fondos del impuesto turístico, el equipo de gobierno destaca la aportación de 2,2 millones por parte de la institución para la construcción de la nueva depuradora de Portinatx, 400.000 euros para el paseo de la bahía de Portmany, 300.000 euros para la reforma del paseo de ses Figueretes, 1,9 millones para la reforma del polideportivo de sa Blanca Dona y un millón de euros para el desarrollo del proyecto de isla inteligente.
