La conselleria balear de Territorio y Movilidad ha remitido a la concesionaria de la autovía del aeropuerto (la UTE Accesos Ibiza) un requerimiento para que le informe sobre los trabajos que ha llevado a cabo, en cumplimiento de una sentencia firme, para retirar la tierra depositada durante las obras de construcción de la carretera en dos fincas de Platja d'en Bossa propiedad de Fiesta Hotels, del Grupo de Empresas Matutes, con la advertencia de que, de no hacerlo, le impondrá «una multa coercitiva de 3.000 euros diarios».
Los tribunales condenaron a la Comunitat Autònoma a evacuar los áridos de las fincas 56 y 59 (y a indemnizar al Grupo de Empresas Matutes con un millón de euros) porque, en el proceso judicial, no quedó acreditado que estos terrenos estuvieran incluidos en «el pacto verbal», confirmado también por sentencia firme, entre el Grupo de Empresas Matutes y la UTE Accesos Ibiza para aprovechar el excedente de tierra obtenido en las obras de la autovía (sobre todo con la excavación de la trinchera) para el campo de golf previsto en Platja d'en Bossa. Matutes, que posteriormente desistió de este proyecto, reclamó en los tribunales la retirada de toda la tierra, pero sólo ha logrado que acepten que se haga en estas dos fincas.
El conseller de Territorio, Marc Pons, dijo en el Parlament que el volumen de tierra que se debe sacar asciende a 100.000 metros cúbicos con un coste de tres millones de euros. El proyecto de la autovía preveía una ocupación de los depósitos temporales de tierra de 46.000 metros cuadrados, pero finalmente, para evitar el traslado de los áridos a una cantera en vía de regeneración y aprovecharla para el golf en Platja d'en Bossa, se depositaron en una superficie de 296.000 metros cuadrados en seis fincas catastrales, cuatro de ellas de Fiesta Hotels, explicó Pons en el Parlament en noviembre de 2016.
Depósito fuera del campo de golf
Entonces, el conseller indicó que no se le podía imputar a la Comunitat Autònoma la responsabilidad del depósito de tierra en terrenos que quedaban al margen del pacto por el campo de golf, por lo que requirió a la concesionaria para que la trasladara a una cantera.
El pasado 10 de abril, Pons, en una nueva intervención en el Parlament en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos, Aitor Morrás, explicó que un año antes (abril de 2017), el Govern había solicitado, vía ejecución de sentencia, que la UTE Accesos Ibiza se hiciera cargo de la evacuación de los áridos de las fincas 56 y 59. Dicho incidente de sentencia se resolvió el 12 de diciembre de 2017 y, pese a ello, la concesionaria hizo caso omiso.
Por ello, el conseller anunció que el Govern había redactado un proyecto para licitar la evacuación de los 100.000 metros cúbicos de tierra de estas dos fincas con la idea de que se iniciara el pasado mes de octubre. También dijo Pons que pese a que finalmente la conselleria ejecutaría esta obra, el coste lo repercutiría en la concesionaria como responsable del depósito de los áridos «sin el consentimiento» de la Administración autónoma.
Sin embargo, la conselleria de Territorio ha cambiado de estrategia. El pasado mes de julio requirió de nuevo a la UTE Accesos Ibiza para que sacara la tierra y ésta presentó un recurso ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. En septiembre, la comisión permanente de este órgano, que depende del Ministerio de Hacienda, resolvió el recurso en favor de la Comunitat Autònoma y denegó la suspensión del requerimiento.
Hace unos días, la conselleria envió un nuevo requerimiento a la concesionaria para que le informara de lo que ha hecho con la advertencia de la multa coercitiva de 3.000 euros diarios.
Comercialización de la tierra
Tal como publicó este diario hace dos años, una empresa retira y comercializa la tierra acumulada en Platja d'en Bossa para el campo de golf. Ni el Ayuntamiento de Sant Josep ni el Govern han autorizado esta actividad, pero tampoco han actuado. Sant Josep sostiene que es competencia del Govern y éste considera que se debería haber tramitado una licencia municipal.
