Las aguas marinas que rodean Ibiza y Formentera atesoran importantes valores ecológicos y, en consecuencia, también económicos, debido a que diversas actividades que dependen del buen estado de sus aguas y sus costas, como la pesca y el turismo de calidad, son ejes fundamentales de su economía. Lo que no quita que la calidad de estas aguas deba aún mejorar más pues no están completamente libres de problemas medioambientales (por ejemplo, el ruido submarino, contaminación por plásticos, etc.)

Uno de esos tesoros es la franja de aguas que discurre paralela a la costa oeste de las islas Pitiusas, Mallorca y Menorca, entre éstas y la costa catalana y la valenciana, aguas que constituyen un corredor de migración de cetáceos de vital importancia para su supervivencia en el Mediterráneo Occidental.

El corredor tiene un altísimo valor ecológico, no sólo por ser zona de paso migratorio para el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo, sino también por ser hábitat y zona de alimentación para una gran diversidad de especies de cetáceos, incluyendo la segunda y tercera especies más grandes de la Tierra (el rorcual común y el cachalote), así como el delfín mular y el delfín listado y especies de cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el calderón común y el zifio de Cuvier. Todas estas especies están protegidas por diversas normativas nacionales y convenios internacionales. Por no citar otras muchas especies de fauna marina (invertebrados, aves, tortugas y peces -incluidos los ignorados e incomprendidos tiburones).

Zona especialmente protegida

Una de las conclusiones del Proyecto Mediterráneo para la identificación de las Áreas de Especies de Interés para la Conservación de los Cetáceos en el Mediterráneo Español, encargado en 1999 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente a varias universidades españolas y cuyos resultados se publicaron en 2004, fue que se protegiera el espacio marino Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona.

Pese a ello, desde 2004 a 2015 no se hizo absolutamente nada en ese sentido. Es decir, los sucesivos ministerios de Medio Ambiente no movieron ni un solo dedo para proteger este espacio ni como ZEPIM ni con ninguna otra figura.

Mientras tanto, diversos proyectos de prospecciones de hidrocarburos (el de Services Petroliers Schlumberger en el golfo de León, el de Spectrum Geo Limited en el mar Balear) y permisos de investigación de hidrocarburos (algunos concedidos como el de Cairn Energy en el golfo de Valencia; o en tramitación como los denominados Nordeste 1 a Nordeste 12, solicitados por Cairn Energy en el golfo de León, y Medusa, solicitado por Repsol y otras tres compañías petroleras frente a las costas de Tarragona), fueron planteados solapándose total o parcialmente con la superficie del Corredor de Migración de Cetáceos.

Ante esta situación, a mediados de 2015, Alianza Mar Blava incluyó entre sus objetivos la protección de este Corredor como Área Marina Protegida (AMP) por el Gobierno español y como ZEPIM por el Convenio de Barcelona. No sólo por su relevancia desde el punto de vista de la protección de los ecosistemas y de la fauna marina, sino también para imposibilitar que se pudieran llevar a cabo esos proyectos de prospecciones de hidrocarburos. Afortunadamente, desde entonces, ya se han logrado archivar varios de estos proyectos, como se puede ver en la ilustración, pero no todos.

Protección preventiva

A lo largo de 2016 y 2017 Alianza Mar Blava promovió, entre otras cosas, la consecución de apoyos institucionales, políticos, sociales y científicos, dentro y fuera de España para consolidar esta iniciativa. Logró sumar los del Parlament balear, el Govern balear, la Generalitat de Cataluña, la Generalitat de Valencia, los consells insulares de Mallorca, Menorca, Formentera e Ibiza, más de 10 ayuntamientos de Balears y los ayuntamientos de Barcelona y Valencia, el Congreso de los diputados y el Senado, las mayores ONG ecologistas de ámbito estatal, así como numerosos expertos y entidades científicas tanto nacionales como internacionales.

Después de superar los obstáculos interpuestos por el entonces Ministerio de Industria, Energía y Agenda Digital (Minetead), la Alianza consiguió que en noviembre de 2017 el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) pusiera en marcha la tramitación de un Real Decreto para la protección de este espacio marino.

Por fin, el pasado 30 de junio de 2018, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 669/2018, de 29 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), de protección del Corredor de Migración de Cetáceos de la demarcación marina levantino-balear como Área Marina Protegida, con una superficie de 46.385,70 km2. Este Decreto establece además la adopción de un régimen de protección preventiva en esa zona y su inclusión dentro de la Lista Zepim en el marco del Convenio de Barcelona.