El grupo del PP en el Consell de Ibiza considera «un fraude» y «una barbaridad» la tarifa que la institución insular abonará por el uso de la estación de autobuses de Vila (Cetis) que, «más pronto que tarde», según la consellera insular de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, abrirá de nuevo sus puertas tras cinco años de bloqueo.
El pleno aprobó ayer, por la vía de urgencia, con el voto en contra del PP, una modificación del convenio de colaboración entre el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza para la puesta en marcha del Cetis en el que se incluye que la institución insular compensará, mediante una subvención, a las empresas concesionarias de las líneas de autobús el sobrecoste que supondrá el pago de 4,11 euros a la empresa que gestiona la terminal (Cetis) por cada operación de entrada o salida de los vehículos de su interior. El pleno del Ayuntamiento de Ibiza también cumplió este trámite.
En la versión anterior del convenio, firmado hace dos años, el pago de la tarifa de 4,11 euros quedaba pospuesto a la entrada en servicio de la nueva concesión única de las líneas de autobús de la isla, prevista inicialmente el 1 de enero de 2019.
El retraso en el concurso de la nueva contrata, que obliga a prorrogar las actuales concesiones de transporte por un tiempo máximo de dos años, ha obligado al Consell a incorporar este cambio en el convenio y a asumir temporalmente el pago de esta tarifa (801.450 euros al año).
El portavoz del PP, Mariano Juan, preguntó a Marí si no le daba «vergüenza» presentar esta propuesta y advirtió de que «roza lo ilegal». « Hay que buscar una solución al Cetis, pero factible y que no suponga una extorsión y no se rían de nosotros», criticó.
Revisión anual de la tarifa
Revisión anual de la tarifa
Marí justificó que la modificación del convenio supondrá «una mejora» para el transporte público no sólo porque permitirá la reapertura del Cetis, sino porque se incluye también la obligación de que cada año se efectúe un estudio económico sobre el equilibrio de la concesión del Cetis al objeto de verificar si es necesaria la aplicación de la tarifa de entrada y salida de la terminal. «No se aplicarán sine die durante 40 años», dijo la consellera.
El portavoz del PP destacó que la estación debería «ser gratis», ya que «contablemente ya está amortizada». Mariano Juan recordó que, en su día, el Ayuntamiento cedió un terreno público de 8.000 metros cuadrados a la concesionaria para construir la estación por un valor de «seis millones de euros», pero finalmente el presupuesto se disparó a algo más de 23 millones e incluyó el aparcamiento y el edificio de locales, que «se han vendido a empresas de la misma compañía», dijo Juan. «¿Qué beneficios va a obtener la concesionaria si lo han vendido todo?», cuestionó el conseller del PP en referencia a que, en contra de lo apuntado por Pepa Marí, no se eliminará «la hipoteca de 40 años» de la tarifa de 4,11 euros por cada entrada y salida.
Precisamente, la consellera de Movilidad también destacó que la modificación del convenio con el Ayuntamiento prevé que la futura compañía que gestione las líneas de autobús de toda la isla tendrá la obligación de mantener el gasto correspondiente a esta tarifa y que, en el caso de que ya no esté justificado su pago, se tendrá que destinar a la mejora del servicio: aumento de frecuencias o la reducción de la tarifa media que abonan los usuarios, entre otras cosas.
El portavoz del PP criticó que el equipo de gobierno haya optado por retirar «a prisa» el contencioso administrativo que la institución presentó el pasado mandato en contra de las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento «para evitar que se descubra que son un fraude». «Ahora aceptan pagar esta tarifa, en cuya aprobación el Consell no ha participado, sin aclarar antes en los juzgados si supone un fraude. Nos han colado un gol», lamentó.
Decisión política
Decisión política
También advirtió el portavoz del PP de que el informe técnico del Consell justifica que la decisión de compensar a las empresas de autobuses la tarifa de 4,11 euros es por «voluntad política». Juan dijo con ironía que más valdría destinar este dinero a «tapar las goteras de Cas Serres o a comprar cubos para recoger el agua», al tiempo que destacó que «los perjudicados son los ciudadanos», ya que ahora pagarán la tarifa a través de la subvención que otorgará el Consell a las empresas de autobús, pero cuando se adjudique la nueva concesión única a una compañía ésta lo «repercutirá de alguna manera» en los usuarios del transporte. «¿A quién quieren engañar?», cuestionó.
La portavoz de Podemos-Guanyem, Viviana de Sans, justificó el apoyo de su grupo a la modificación del convenio con el Ayuntamiento a pesar de que hace dos años, cuando se aprobó en el pleno, se abstuvo («no habíamos formado parte de la búsqueda de la solución», justificó) porque no ha entrado en política para «tirar piedras constantemente». Aunque reconoció que la estación no le gusta y que «preferiría que estuviera en superficie», De Sans dijo que hay que aplicar «el sentido común para abrir la estación que existe».
