El equipo de gobierno de Sant Antoni cerró ayer, en un pleno extraordinario,el proceso de adjudicación del nuevo servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento que, por un montante de casi 100 millones de euros, gestionará la Sociedad Fomento Agrícola Castellonense (Facsa) durante los próximos 25 años.
El nuevo servicio no supondrá una subida de tarifas. La compañía adjudicataria, que toma el relevo de Aqualia, abonará al Ayuntamiento un canon inicial de 12 millones, más un 20% de la facturación anual. El gobierno del tripartito calcula que el Consistorio obtendrá 38,6 millones durante los 25 años de vigencia del contrato.
Además, Facsa aportará una inversión inicial de 3,5 millones para la ejecución de 15 proyectos de mejora de las infraestructuras, como la renovación de la red de ses Païsses y la de las calles Londres, Alicante, Progrés y la avenida Isidor Macabich, en el núcleo urbano. La inversión de mayor cuantía (809.407 euros) será la ampliación del depósito de sa Talàia, que pasará de 3.000 a 10.000 metros cúbicos de capacidad para triplicar la autonomía en caso de avería.
En la zona norte del núcleo urbano se separará la red de pluviales de la de fecales en cinco subcuencas con sus respectivos tanques de tormenta y que supondrá intervenciones en las calles Madrid, Estrella, del Mar, Santa Agnès, Johann Sebastian Bach, Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Soledad, Mossèn Ribas y Cas Ramos. También se invertirá una partida de 444.000 euros en la renovación de las estaciones de bombeo del municipio.
El PP votó en contra de la adjudicación a Facsa por «la falta de consenso» del equipo de gobierno y «la falta de transparencia y garantías» en el concurso. «No cuentan con nosotros, por lo que el voto será negativo», justificó el concejal del PP Xico Cardona.
La defensa del alcalde
Mientras, el alcalde, Josep Tur, defendió que la empresa que ha logrado la contrata es la que ha presentado «la mejor oferta». Echó en cara una vez más a la oposición que se haya posicionado en defensa de los argumentos de una de las siete empresas que optaban al concurso, en referencia a Aqualia. Tachó de «lamentables las filtraciones a la prensa para desprestigiar» a las otras compañías. «Más vergonzoso es que anunciaran [el PP] un informe externo sobre el concurso para poner en duda el trabajo y la honradez de este gobierno y de la consultora que ha supervisado el proceso y que también trabajó para ustedes», destacó Tur.
Cardona insistió en la vinculación de la consultora que redactó el pliego de condiciones de la contrata y que ha valorado las ofertas (Pw Advisory and Capital Services S. L.) con el caso de corrupción Lezo, en el que está implicada la cúpula del PP de Madrid. Precisamente, el alcalde recordó a Cardona que esta causa afecta al PP. «¿No es usted del PP?», le preguntó, a lo que Cardona respondió: «Soy del PP, pero no de Madrid».
También destacó el alcalde que es un juez el que debe impedir la actividad de la empresa, al tiempo que indicó que, la misma, la que «el PP ve tan mal», ha asesorado a un fondo de inversión australiano (IFM) en la compra a FCC del 49% de Aqualia (1.024 millones).
Tur arremete contra el PP
En su última intervención, el alcalde lanzó al aire una serie de «reflexiones» para tratar de hacer ver el interés del PP en que Aqualia hubiera sido la adjudicataria. «¿Tendrían la misma desconfianza si la empresa adjudicataria fuera la misma que actualmente gestiona el servicio del agua en todos los municipios? ¿Defienden los intereses de los ciudadanos o los de alguna empresa?». Al no tener el PP derecho a réplica, estas preguntas quedaron sin respuesta.
Al final del pleno el portavoz del PP, José Sala, declaró a este diario que en ningún caso su grupo está a favor de ninguna empresa y que si ha denunciado el proceso de contratación es porque han constatado «deficiencias» en el informe de la consultora. De hecho, Sala advirtió de que sus asesores consideran que si alguna empresa impugna la adjudicación, «puede prosperar». «El equipo de gobierno no nos hace caso», lamentó.
