La unanimidad política que hasta ahora había presidido la reivindicación de un puerto de Sant Antoni libre de camiones y contenedores de mercancías se fue ayer al traste en el Parlament balear, precisamente el día en que se dio el primer paso para aprobar una ley que prohíba el tráfico rodado de gran tonelaje. El motivo de la discrepancia fue que el texto redactado por el PSOE, Podemos y algunos diputados del grupo mixto incluyó expresamente a los automóviles particulares como elementos prohibidos para embarcar o desembarcar en este puerto, además de los camiones y contenedores. Mientras que el PP, el PI y Ciudadanos criticaron la «aparición de esta medida tan drástica sin haberse pactado», los progresistas aseguraron que los acuerdos alcanzados previamente en el Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell ya lo contemplaban.

La toma en consideración de la propuesta de ley fue aprobada con 26 votos favorables y 21 abstenciones, en presencia del alcalde de Sant Antoni, Josep Tur, y la concejala de Gobernación, Aída Alcaraz, presentes en la Cámara. Ahora, la norma continúa su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión.

Tras las críticas formuladas en las intervenciones de los portavoces del PP (Sara Ramón); el PI, Jaume Font, y Ciudadanos, Xavier Pericay, el diputado de Podemos Aitor Morrás se apresuró a enviar a los medios informativos el acuerdo adoptado el año pasado por el pleno de Sant Antoni donde se habla de «tráfico exclusivo de pasajeros», lo que, según él, permite sobreentender que se excluye todo tipo de «vehículos de cuatro ruedas o más».

Las primeras intervenciones en el pleno de ayer, correspondientes a Xico Tarrés (PSOE), Aitor Morrás (Podemos), Chelo Huertas (grupo Mixto) y Joana Aina Campomar (Més per Mallorca) ya presagiaban que el PP había abandonado su habitual respaldo a la propuesta para el puerto de Sant Antoni. Cuando Sara Ramón hizo uso de la palabra, confirmó que se abstendrían porque la propuesta contenía cambios imprevistos: «La redacción que han traído ustedes aquí es diferente de la que se aprobó por unanimidad en el pleno de Sant Antoni y en el del Consell», señaló la parlamentaria ibicenca del PP.

«La prohibición del tráfico de camiones con mercancías es compartida por todos», pero no así la imposibilidad de desembarcar y embarcar automóviles, añadió.

Por su parte, el portavoz de Proposta per les Illes (PI), Jaume Font, empezó su intervención recordando al alcalde Josep Tur que si ocupa este puesto es porque «el PI le votó» y mostró su «enfado respetuoso» por un cambio en la redacción de la propuesta, que calificó de «pasteleo». «El PI defiende lo que se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni», recalcó Font, quien dijo que sólo se habló de camiones, no de coches.

En parecidos términos se manifestó el portavoz de Ciudadanos, Xavier Pericay, quien se declaró «perplejo» por el cambio de redacción introducido en la propuesta principal de la futura ley. «Si se prohíbe el tráfico de coches, ello representará una restricción de movimientos tanto para los ibicencos como para los turistas», añadió. «Es una medida drástica y se ha hecho sin realizar ninguna consulta», lamentó Pericay.

Por su parte, el diputado ibicenco del PSOE Xico Tarrés, tras retrotraerse a los orígenes turísticos de Sant Antoni y evocar sus recuerdos personales en la época de los años sesenta, afirmó que el puerto de Vila «puede asumir el tráfico de mercancías que tiene Sant Antoni». También aseguró que, en contra de lo que aseguran las navieras, sí hay barcos de pasajeros que no llevan vehículos.

Tarrés inscribió la necesidad de terminar con el tráfico rodado en el paseo de Sant Antoni con el proceso de recuperación turística que, según ha destacado, está iniciando esta localidad.