La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma condenó ayer a medio año de cárcel y a una multa de ocho euros diarios durante seis meses a la promotora del complejo turístico ilegal Casa Lola, Francisca Sánchez Ordóñez, y a su hija, Rocío Martín, responsable de la vecina Casa Rocío, también con orden de demolición del Ayuntamiento de Sant Josep al tener numerosos trabajadores en estas obras sin disponer de los correspondientes permisos. Sin embargo, tras alcanzar las partes un acuerdo de conformidad, la pena de prisión se sustituyó por una multa de 12 meses a ocho euros diarios (casi 3.000 euros en total) por cometer este delito de empleo colectivo ilegal.
A pesar de que la propietaria de Casa Lola contaba con antecedentes penales, la empresaria salió de prisión hace sólo dos años para cumplir condena por un delito fiscal, el tribunal estimó que no «computaban», por lo que no impedían el acuerdo para dictar sentencia in voce.
Los hechos por los que la dueña de Casa Lola y su hija, la propietaria de Casa Rocío, han sido condenadas transcurrieron en una inspección en febrero de 2013. De los ocho trabajadores que se encontraban entonces en la finca, todos menos uno «no habían sido dados de alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios». Posteriormente, en marzo del mismo año, otra inspección descubrió que de los seis obreros que estaban empleados en la finca de Villa Rocío, contigua a Casa Lola y propiedad de su hija, tan sólo tres estaban dados de alta y el resto carecía de permiso de residencia y trabajo.
La Fiscalía consideró autoras de estos delitos tanto a la madre como a la hija y solicitó en su escrito de acusación la imposición de una pena de dos años de cárcel y 6.000 euros, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.
Por otro lado, Sánchez Ordóñez sigue pendiente de otro juicio, cuya fecha se desconoce, por romper los precintos que instalaron la Policía Local y la Guardia Civil en su finca de Sant Josep.
Además, continúan los trámites para el derribo de las construcciones de ambas fincas. De hecho, el Ayuntamiento de Sant Josep ya dictó las órdenes correspondientes, pero la propiedad las recurrió ante los tribunales.
