«Es un día histórico», afirmaba ayer el presidente de la asociación de chárter náutico de las islas, José María Jiménez, tras el pacto alcanzado con el Govern para endurecer las multas que se van a aplicar contra los propietarios de los yates piratas que operan en Balears, pero con la novedad de que también van a recaer sobre las páginas web que ofrecen estas embarcaciones.

La importancia del encuentro celebrado ayer en la conselleria de Movilidad no se limitó al citado acuerdo de endurecimiento del régimen sancionador, sino además en que en la reunión participaron todas las Administraciones relacionadas con esta actividad de alquiler de embarcaciones (desde la Agencia Tributaria a la Guardia Civil o Capitanía Marítima), al igual que las organizaciones empresariales del sector, desde la citada asociación de chárter náutico a representantes de las plataformas digitales que ofertan el alquiler de estos barcos.

Al concluir la reunión, el director general de Puertos y Aeropuertos, Xavier Ramis, anunció el compromiso adquirido de intensificar la lucha contra los yates piratas. Para empezar, se van a elevar las multas.

La cuantía de las multas

En estos momentos van de 60 a 500 euros en las infracciones leves, de 500 a 10.000 en las graves y de 10.000 a 100.000 euros en las muy graves.

El objetivo es que las nuevas sanciones sean lo suficientemente importantes como para desincentivar a los dueños de los barcos que actúan sin autorización.

Pero además, y siguiendo el ejemplo de la legislación balear sobre alquiler turístico, estas nuevas y mayores multas van a poder recaer sobre las páginas web que ofrezcan embarcaciones sin la correspondiente autorización. Aunque el aumento se fijará próximamente, Ramis aseguró que será contundente.

En este aspecto, hay que recordar que el Govern ha creado un registro de barcos que pueden dedicarse legalmente a la actividad chárter, por lo que las plataformas digitales deberán hacer constar el número de registro correspondiente a cada barco que ofrezcan.

Del mismo modo, se van a coordinar más controles contra los piratas junto con la Agencia Tributaria, la Guardia Civil o Capitanía Marítima.

Todas estas iniciativas entrarán en vigor antes del próximo verano, al coincidir el auge de la actividad irregular con los meses de la temporada turística.

Pero además, se va a crear una mesa dedicada a la actividad del chárter náutico, en la que participarán todos estos organismos y se va a realizar un seguimiento de lo que suceda en el sector.

Entre los participantes en este encuentro estuvo también el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant, el cual se felicitó porque finalmente se haya «abierto el melón» del sector del chárter y de la competencia ilegal que le afecta.

Ofertas asequibles

Pero el más satisfecho de todos era el presidente de la asociación empresarial de este sector, José María Jiménez, que lleva tiempo denunciando la proliferación de embarcaciones piratas y reclamando un endurecimiento de las sanciones.

Al respecto, subrayó que las embarcaciones que se ofrecen legalmente no necesariamente son de lujo, y que a ellas puede acceder una familia por 500 o 600 euros semanales.

Además, el portavoz de la patronal recordó que el sector mantiene en las islas unos 3.500 empleos cualificados y de calidad, la mayoría de ellos durante todos los meses del año.