La conselleria balear de Territorio y Movilidad expresó ayer en la Mesa Balear de la Vivienda, celebrada en Palma, el compromiso para hacer una licitación por parte del Ibavi para comprar vivienda usada en Ibiza y destinarla a alquiler social. Se comprará junto a una aportación económica que deberá hacerse desde el Consell de Ibiza y que deberá plasmarse en un convenio de colaboración.
«Gracias a las modificaciones que ha incluido la nueva Ley de Vivienda, ya no hay ningún impedimento para que el Consell de Ibiza pueda adquirir pisos con fondos propios y los pueda ceder al Ibavi para su uso social», declaró la vicepresidenta primera del Consell, Viviana de Sans a la salida de la reunión. De Sans aseguró que el Consell tiene previsto «destinar hasta siete millones de euros para poder hacer política social de vivienda, y cuando se firme este convenio podremos hacer realidad nuestro propósito».
Por su parte, el conseller balear de Territorio, Marc Pons, anunció que un total de 45 grandes tenedores de Balears han inscrito 859 viviendas vacías desde hace más de dos años para destinarse, según establece la Ley de Vivienda, a alquiler social. En concreto, se han cedido 695 viviendas en Mallorca, 134 en Menorca y 30 en Ibiza. Las zonas con mayor número de inscripciones son Palma, Manacor y Campos, en el caso de Mallorca; Ciutadella y Es Mercadal en Menorca; y Sant Josep en Ibiza.
«Ley pionera»
«Ley pionera»
«Se trata de una cifra considerable que muestra la importancia de una ley pionera en España que persigue que las viviendas vacías puedan ser utilizadas por la administración pública, ya que cerradas no tienen ninguna finalidad», explicó Pons. Esto supone «una bolsa considerable de disposición que permite al Govern trabajar y pasar a hacer las inspecciones correspondientes de las viviendas», con el objetivo de comprobar que estas «cumplen todos los requisitos», dijo. Después, explicó que tendrá lugar «la parte contractual» donde se reunirán con todos los grandes tenedores para «hacer las gestiones correspondientes, firmar el contrato y poder destinar las viviendas a alquiler social».
En esta línea, recordó que los Presupuestos de 2019 incluyen una partida de 4,5 millones de euros para «garantizar la utilización de estas viviendas para que puedan ser usadas por los más necesitados».
Por otro lado, destacó que en los próximos días se iniciará una campaña de inspección para «ver si los grandes tenedores han puesto a disposición todas las viviendas vacías o si resulta que tienen más». «Actuaremos si detectamos que hay más viviendas vacías que no se han puesto a disposición de la administración pública y estableceremos un régimen sancionador a través de un cuerpo de inspección», añadió.
Hasta el momento se han registrado 438 viviendas (250 en Mallorca, 188 en Ibiza y 65 en Menorca) que han acabado con 32 expedientes sancionadores (18 en Mallorca y 14 en Ibiza) por motivos dispares como la existencia de «propietarios con más de una vivienda, casas turísticas vacacionales o realquileres ilegales». Como consecuencia, se impondrán sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros para las infracciones graves, mientras que las consideradas como muy graves podrán alcanzar los 90.000 euros.
