El Parlament balear recibirá «dentro de poco», en palabras de la presidenta del Govern, Francina Armengol, una iniciativa legislativa en la que se insta al reconocimiento de la capitalidad de Vila en la isla de Ibiza. La propuesta cuenta con el respaldo del PSOE, Ciudadanos, Partido Popular, Més, El Pi y Podemos, cuyos representantes en el Govern, Consell y Ayuntamiento de Ibiza acudieron a la presentación de esta propuesta en el claustro del antiguo Consistorio, con el fin de escenificar la unión de todas las formaciones en esta reivindicación histórica.
El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, anunció que el municipio vuelve a reclamar la capitalidad, que el Parlament ya le negó en el año 2010, tras «un trabajo silencioso, constante y tranquilo». Dispone de un estudio económico, «en el que se han actualizado los datos» de la anterior reclamación, y de otro jurídico de la UIB, que ha redactado el borrador de la ley.
Pero hay una sustancial diferencia con la petición formulada hace ocho años: la relacionada con el dinero, que ha menguado notablemente. El alcalde informó de que, en esta ocasión, pedirá «como compensación» para Ibiza la cantidad de cinco millones de euros. El Govern sólo pagará el 70% de esa cantidad (3,5 millones de euros), según avisó Francina Armengol. El 30% restante (1,5 millones de euros) procederá del Consell, cuyo presidente, Vicent Torres, sólo dijo durante su intervención que daría «una parte de la financiación total», sin especificar. Una nota de prensa posterior del Consell ya incorporaba ese porcentaje.
Esas cifras son muy inferiores a las que incluía la propuesta del año 2010, cuando la alcaldesa era Lurdes Costa y, en el pleno celebrado el 11 de junio de 2010, se aprobó por unanimidad que el reconocimiento de la capitalidad incluyese que el Govern abonara siete millones de euros anuales (dos más que el total de la propuesta actual y sin que parte del dinero procediera del Consell), así como el 4% de las inversiones totales de la Comunitat Autònoma para compensar el sobrecoste que soporta el municipio por albergar servicios de los que se beneficia toda la isla.
«Cifra preliminar»
Rafa Ruiz restó importancia a esa sustancial rebaja en la reivindicación de la capitalidad. El alcalde aseguró que se trata de «una cifra preliminar» y que esos cinco millones de euros «son un mínimo». Pero, a su juicio, los cinco millones «son una cuantía total que se ajusta a la realidad» tras la actualización de los datos de 2010, por lo que se infiere que los dos millones de más que se solicitaban hace dos años, así como el 4% de las inversiones de Balears, eran cifras irreales o exageradas. No obstante, Ruiz explicó que un consejo, en el que participarán Consell y Govern, revisará y actualizará anualmente las cantidades que deben aportar ambas instituciones, sin especificar en qué se basarán para calcularlo.
La Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma difiere de la de Ibiza (al menos por lo que se ha adelantado hasta el momento) en varios aspectos. Por ejemplo, se indica en ella que «las instituciones públicas autonómicas con ámbito competencial en ese término municipal garantizarán una inversión anual no inferior a 30 millones de euros, como compensación de los costes de capitalidad», seis veces más que a Ibiza. Eso sí, otra cuestión es que Palma haya recibido alguna vez esa cantidad desde 2006.
16% en Palma
La ley de capitalidad palmesana incluye un capítulo que estaba previsto hace ocho años en la reclamación de Ibiza y que, finalmente, ha desaparecido: la Comunitat Autònoma preverá anualmente en su presupuesto «inversiones directamente territorializadas al municipio de Palma e inversiones indirectas, vía aportaciones, a los consorcios que se creen al amparo de la presente Ley por un importe de, al menos, el 16% del total de las dotaciones consignadas para inversiones reales en los presupuestos del sector público autonómico», según se especifica en el artículo 141. En el caso de Ibiza ese porcentaje era, en 2010, del 4%.
Ruiz confía en que la Ley de Capitalidad de Ibiza, «un paso histórico», inicie pronto la tramitación parlamentaria y que esta concluya antes de que acabe la legislatura, en mayo de 2019. La presidenta del Govern dijo, en ese sentido, que espera que por «la vía de la lectura única» sea «una realidad rápidamente».
