Los principales proyectos de reforma del puerto de Ibiza están paralizados desde hace un año y medio como consecuencia de un «cambio de criterio» desde el Ministerio de Medio Ambiente durante el anterior Gobierno del PP, que ha pasado a exigir una Evaluación de Impacto Ambiental para la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios (DUEP), un plan del que dependen esos proyectos.
En concreto, las actuaciones afectadas son la estación para las barcas de Formentera, el traslado de la Cofradía de Pescadores y, consiguientemente, el aparcamiento soterrado y el paseo que rodeará toda la bahía. Sólo la construcción de la nueva estación marítima de es Botafoc queda al margen de este cambio de criterio, pues no está incluida en la DUEP.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Balears, Joan Gual de Torrella, comunicó ayer esta situación al Consejo de Navegación de Ibiza y luego a los periodistas en rueda de prensa. «Todo lo proyectado se hará, pero los ritmos serán diferentes», admitió.
También dijo que tiene la esperanza de que esta situación se revierta enseguida, según las noticias que le han llegado. Además, la presidenta balear, Francina Armengol, se entrevistará en Madrid con el ministro de Fomento antes de que termine el presente mes de octubre.
Sin fechas en el horizonte
Una vez que los proyectos «queden liberados de este requisito de la Evaluación Ambiental, los plazos ya correrán más», pero tampoco pudo anticipar fechas para la licitación de estas actuaciones. Si no hubiera sido por el nuevo condicionante, «ya estarían adjudicadas», añadió.
El presidente de la APB no ve motivo alguno para que el plan que ampara los proyectos del puerto tengan que superar una evaluación ambiental. «Son actuaciones que no causarán ningún impacto, pues no se hace ninguna nueva ocupación de aguas, sólo se mueve de ubicación la cofradía de pescadores, la terminal de Formentera y el varadero», con el fin de dejar «despejada» la primera línea de mar a modo de paseo público.
En cuanto a la nueva estación marítima de es Botafoc, Gual de Torrella señaló que «la ley se ha vuelto muy garantista» y ahora obliga a que toda inversión de más de seis millones de euros tenga que obtener el visto bueno del correspondiente secretario de Estado antes de ser licitada. Sin embargo, el presidente de la APB se mostró convencido de que en pocas semanas podrá contarse con la firma del citado alto cargo, de modo que «a principios de 2019» se podría adjudicar.
Gual de Torrella afirmó que los proyectos afectados por este retraso no se encontrarían con este problema si su tramitación dependiera exclusivamente de la APB: «Cuando nosotros controlamos los tiempos, los plazos se cumplen», afirmó.
«Los tiempos administrativos han fallado», admitió el responsable del organismo del que dependen los puertos de Ibiza y de la Savina.
