«Me dejó espeluznado la intervención del representante de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)», expresó ayer por la mañana, entre el público, Enrique Ramos, concejal de Urbanismo Sostenible, Vivienda y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Donostia, que por la tarde participó en la mesa redonda sobre ´Zonificación e intervención administrativa: ¿instrumento o error?´, en la segunda jornada de la cuarta edición del Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales. Ramos se refería a Joaquín López Vallés, director del departamento de Fomento de la CNMC, que el jueves, en la ponencia ´La Administración ante el panorama del alojamiento de viviendas´, dejó perlas como la siguiente: «Que el alquiler turístico de casas ocasione problemas no justifica la intervención de las administraciones».
Ramos conoce bien cómo se las gasta la CNMC, pues en agosto impugnó la normativa con la que la capital guipuzcoana quería poner coto a plataformas como Airbnb: «Lo recurrieron todo, absolutamente todo, porque alegan que el Consistorio no tiene capacidad de regulación urbanística. Pero nosotros defendemos que tenemos competencias en esa materia». ¿Por qué cree Ramos que la CNMC ha recurrido tanto esa iniciativa reguladora como las de Barcelona, Madrid y varias comunidades autónomas?: «En la CNMC hay un sesgo ideológico, una visión política en la que lo que prima es el mercado. Para ellos, su mejor regulación es la que no lo regula. El mercado ya lo hace por sí solo, dicen».
Esa máxima se volvió a escuchar ayer repetidas veces. En una de las ocasiones, el moderador, Josep Marí Ribas, alcalde de Sant Josep, saltó indignado: «¿Y el mercado también regula los salarios?».
El mercado y los pinchos
El mercado y los pinchosAl responsable del urbanismo donostiarra le escandalizó, además, que los ponentes más neoliberales del congreso sólo hablaran «de una parte de los ciudadanos, no de aquellos que no pueden tener una segunda vivienda para poder alquilarla. Quienes tienen un piso turístico, tienen otro para vivir. Y eso no está al alcance de todos».
El edil puso un ejemplo de por qué una urbe puede y debe regular su urbanismo: «Donostia es famosa por sus pinchos. Si fuera por los restauradores, por el mercado, las calles estarían llenas de mesas para ofrecer sus famosas tapas».
«Lo que más me ha preocupado -señaló Ramos- estos dos días del congreso es oír que se abogue por la desregulación», tanto por parte de la CNMC como por las plataformas y profesores de universidades, como Luis Gordillo, de Deusto, y Joan Franch, de la UIB, que es además organizador del congreso.
Pero si el primer día se respiraba un exultante ambiente de neoliberalismo en el congreso -con algunas excepciones- ayer se comprobó que incluso esta corriente económica, que abomina de la intervención estatal, tiene ultras en sus filas que abogan por ir más allá. Como Mateo Silos, principal economist en Ofwat, el organismo regulador y autoridad de competencia del sector del agua en Inglaterra y Gales. Justo antes de tener ese cargo fue subdirector de Análisis Económico de la CNMC, a la que ayer puso a caldo: «Es un caso de captura regulatoria, pues atiende a las llamadas de los lobbies y no favorece el interés general», aseguró ante un público estupefacto que, posiblemente, recordó cómo se las gastaba el Tea Party, los ultras del ala más derechista de los republicanos de Estados Unidos.
¿Por qué cree Silos que la CNMC está bajo la influencia de los lobbies? Porque uno de sus miembros, Mariano Bacigalupo, consejero de Energía, es marido de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y porque Fernando Torremocha, otro consejero de la CNMC, ha tenido un papel destacado en el PP. A su juicio, el presidente de la comisión, José María Marín Quemada, tendría que «irse por no hacer lo que tiene que hacer», que según su criterio es echar a Torremocha y a Bacigalupo. Depurar, vamos.
Un caso de captura regulatoria
Un caso de captura regulatoria
Silos inició la charla sobre ´Tiempos de lobbies: una lucha constante´, afirmando que las normativas de las comunidades autónomas, como la balear, sobre viviendas de uso turístico son casos de «captura regulatoria». Cree que los gobiernos autonómicos, incluso ayuntamientos como el de Donostia y Barcelona, han sucumbido a las presiones de los lobbies o de las grandes empresas para regular el taxi, el cobro a Google News por citar contenidos o los alquileres turísticos: «Siempre hay grupos que buscan el poder coercitivo del Estado a su favor», dijo citando al economista George Stigler. Sergi Marí, gerente de Turismo del Consistorio de Barcelona, donde gobierna Ada Colau, le corrigió poco después: Stigler también dijo que esos grupos de presión habían sido muy influyentes en la desregulación, de manera que «quizás el problema no sea regular, sin la existencia de lobbies».
Silos perseguía con su exposición demostrar que toda regulación es mala. En el caso de los taxis, cuando él estaba en la CNMC calculó que «su monopolio» causaba un incremento anual de los precios del 13,1%, que en dinero contante y sonante son 324 millones anuales. La captura regulatoria provoca «menor competencia, eficiencia y productividad, el mantenimiento de privilegios, más desigualdad, y el resquebrajamiento y desconfianza en las instituciones, así como el descrédito de la economía de mercado». Y lo que es peor, el acabose, «alienta el populismo».
Para Silos, la regulación sobre las viviendas de uso turístico «no se justifica desde la óptica del interés general», algo contra lo que apeló indignado el alcalde de Sant Josep: «La regulación es absolutamente necesaria en esta isla». Y recordó a qué condujo aquí dar carta blanca a la construcción, «al urbanismo desbocado».
Precisamente, Joaquín López, el que el jueves dejó «espeluznado» al edil de Urbanismo de Donostia, volvió ayer (sustituyó a un invitado que no pudo acudir) a exponer por qué las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían hilar más fino: «Nos merecemos una Administración que regule bien». Veinte autonomías y consistorios lo han hecho fatal, a su juicio, hasta ahora porque se han guiado «por impulsos» en vez de por la «necesidad y proporcionalidad», principios que deben regir a la hora de elaborar normativas. López aconsejó que se abstengan de regular con el propósito de «ordenar» o planificar la economía, pues «está prohibido por la directiva de servicios que la Administración sustituya al mercado y planifique actividades económicas». Deben limitarse a los casos de «fallos de mercado», por ejemplo «cuando se causa molestias a los vecinos o hay un problema de acceso a la vivienda habitual».
Pero esa posibilidad queda en papel mojado cuando entran en juego otros factores. Según el representante de la CNMC, pedir licencias, un equipamiento mínimo, una placa identificativa, un lugar donde el inquilino pueda llamar por teléfono o un registro «desincentiva el acceso al mercado», todopoderoso y sacrosanto, y por tanto es recurrible.
Tolo Gomila, presidente de Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos), que participó en la charla sobre los grupos de presión, también es de los que apuestan por dejar que el mercado campe a sus anchas y regule por sí solo. Recordó que lo que ahora sucede con las plataformas web ya ocurrió cuando surgieron las aerolíneas low cost: «Al final, han mejorado la conectividad y las de bandera se han transformado a ese modelo». Igual pasó con el todo incluido, añadió: «Porque al final, el mercado lo pone todo en su sitio».
«No inciden en los precios»
«No inciden en los precios»
El presidente de Fevitur niega opacidad fiscal en las viviendas de uso turístico, pues al ser el pago digital es fácil rastrearlo y, además, los propietarios ya deberán tributar sus ganancias. Sobre este asunto, dijo que, según el Egatur, la encuesta de gasto turístico, sus inquilinos se dejan en el destino un 23% más de dinero que los que van a hoteles, y advirtió de que «ya hay señales de normalización» del sector, pues grandes cadenas como Marriot, Accord y Meliá se han sumado al negocio.
También negó que incidan en el precio de los alquileres o del metro cuadrado, para lo que puso el ejemplo de Palma: en esa ciudad, dijo, los alquileres han crecido un 16% desde que entró en vigor la ley del Govern sobre los arrendamientos turísticos. El jueves, José Antonio Bonache, representante de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), aseguró que desde entonces se han esfumado el 40% de la viviendas que ofertaban, pero que seguramente siguen activas, en el mercado negro, por lo que siguen incidiendo en los precios.
