Para un neoliberal, el paraíso es un mundo sin regulación. Y, a poder ser, sin impuestos. El congreso inaugurado ayer parecía, en ese sentido, una convención de ultraliberales, de adoradores del capitalismo radical, de fans de Milton Friedman, en el que tanto la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, como el director insular de Turismo, Vicent Torres, la edil de Turismo y el alcalde de Santa Eulària, Carmen Ferrer y Vicent Marí, respectivamente, la delegada ibicenca del Ibavi, Lucía Prats, y el consultor ambiental Juan Calvo, debían sentirse como pulpos en un garaje. Frente al objetivo de todos estos -común pese a ser de ideologías diferentes- de parar los pies al alquiler turístico en inmuebles plurifamiliares, estaba el deseo expreso de la CNMC, juristas y plataformas de desregular totalmente el sector.
«En España nos encantan los registros, nos ponen», comentó Luis Gordillo, profesor de la Universidad de Deusto y doctor en Derecho Constitucional. Lo dijo justo cuando salió de la sala Bel Oliver, que acababa de anunciar el interés del Gobierno en crear un catálogo estatal de los inmuebles que se dedican a esa actividad. Eso es anatema para los neoliberales como Gordillo.
Al profesor de Deusto ni siquiera le gusta que haya «licencias» -«lo segundo que más nos gusta en este país»-, ni para taxis ni para VTC ni, mucho menos, para alquilar casas a turistas. El paraíso es un mundo sin registros ni regulación. El capitalismo se regula solo... como ya se comprobó en la crisis de 2008. Para Juan Franch, profesor de Derecho Mercantil de la UIB, hasta las declaraciones de responsabilidad (que evitan las licencias previas) «son cercenadoras de derechos».
Gordillo aboga por la «proporcionalidad», pues a su juicio es excesivo controlar legislativamente el alquiler turístico. Si genera molestias a los inquilinos de un edificio, basta, dice, con aplicar «normas de régimen interno» para acabar con ellas. En todo caso, bastaría «una inspección fuerte» que velara por que se respetasen las normas de las comunidades de vecinos: «Las regulaciones, las limitaciones, no acaban con los problemas», avisa. Leyes como la balear son, a su juicio, «inconstitucionales», pues afectan a la propiedad privada. El artículo 33 de la Constitución, que aborda este derecho, fue ayer reiteradamente mencionado.
Para Joaquín López Vallés, director del departamento de Promoción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «la calidad de la regulación es un problema, pues no se respetan los principios de necesidad y proporcionalidad al imponer restricciones en la competencia». De ahí que la CNMC intervenga, de buena gana, a la mínima y a veces con vehemencia, cada vez que alguna comunidad autónoma o ciudad se atreve a regular al respecto. Porque legislar en ese ámbito sólo ha llevado «a un empeoramiento de la disponibilidad de alojamientos» y a que los precios también «empeoren», afirma. Ya se quisiera en Ibiza. Con Airbnb y plataformas similares se vive mejor porque, asegura López, «han democratizado el turismo».
La CNMC, dijo, está en contra de «restricciones que son desproporcionadas». Les «preocupan» porque atentan contra la sacrosanta libre competencia, la madre de todos los derechos en la Unión Europea, por encima del derecho a la vivienda digna. De ahí que no duden en llevar a quien sea a los tribunales, incluso al Estado si es necesario, que «no es omnipotente ni perfecto».
En esa ola neoliberal también cabalga Eliseo Martínez, abogado y socio de Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos), para quien la intervención de la Administración «sólo se justifica si hay datos». Y, según él, no los hay para regular el alquiler turístico. El precio de los alquileres o el metro cuadrado en Ibiza no son datos. El propietario (Martínez también echó mano en este caso del artículo 33 de la Constitución) está «desamparado» en casos de regulación. No mencionó el desamparo de quienes no pueden hacer frente a alquileres equivalentes o superiores a su sueldo por una casa de una habitación. Su ideal es una España en la que la legislación sobre alquileres turísticos sea homogénea, es decir, enterrar de una vez el Estado de las autonomías.
Juan Franch también considera que «se han producido excesos normativos tendentes a la prohibición». Lo de establecer zonificaciones o pedir requisitos por parte de la Administración para alquilar son, según cree, excesos a los que la Justicia ha parado los pies «por vulnerar derechos como la libertad de mercado». Que, ya se sabe, es sacrosanta.
