La ley balear que, desde julio de 2017, regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas, ha tenido más efectos prácticos que los imaginados inicialmente: el 40% de las casas que se alquilaban a través de plataformas web «han volado» desde que entró en vigor esa normativa. No hay rastro de ellas, según aseguró ayer José Antonio Bonache, representante de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal (PAT), que controla 250.000 plazas, durante la celebración del IV Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza, organizado por la Pimeef, el Consell y AVAT, la asociación pitiusa de este sector.

La nueva legislación ha sacado del mercado de las islas a miles de plazas, según Bonache. Se han esfumado el 40% que se comercializaban a través de plataformas como Homeaway, Rentalia, Spain-Holiday.com y Niumbay, que integran PAT, y lo peor es que, según Bonache, posiblemente sigan activas: «No creo que hayan dejado este negocio. Lo harán, pero de otra manera», aseguró. Economía subterránea que ahora funciona en el inframundo.

Bonache soltó la cifra, ese 40%, mirando fijamente a Antoni Sansó, director general de Turismo del Govern, presente en el acto y que desgranó las peculiaridades de la normativa: «Guste o no guste, hay que cumplirla», avisó desde el inicio de su intervención. Hasta cuatro veces pronunció Bonache ese número (40) con los ojos puestos en Sansó, como culpándole de ese, a su juicio, quebranto. Porque, según las cuentas del representante de PAT, el alquiler de pisos para turistas es un chollo para los comercios de los alrededores: los viajeros, según sus cálculos, gastan el 53% de su presupuesto en compras: «Es un sector transversal que moviliza toda la economía», indicó. De ahí el «impacto en los comercios» que ha ocasionado la entrada en vigor de esa ley.

«Nada bueno saldrá de regular a partir de sentimientos, mitos y mensajes políticos», comentó Bonache. Esa misma idea se pudo escuchar, con diferentes palabras, en boca de muchos de los ponentes, especialmente de Joaquín López Vallés, director del departamento de Promoción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recomendó al Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos que se abstengan de regular el sector: «Que el alquiler turístico de viviendas ocasione problemas no justifica la intervención de las administraciones», dijo. Estas deben «acreditar» esos problemas con datos. Para López, ese tipo de alquiler «ha democratizado» el turismo. Sólo ve bondades en él y una perniciosa intención de las administraciones de intervenirlo mediante «regulaciones intrusivas». A su juicio, «a veces es peor el comportamiento de un estudiante que el de un turista».

Sin tener en cuenta las peculiaridades de estas islas, López aseguró que existen diversos estudios que niegan el impacto del sector en los precios del alquiler: «No hay evidencia empírica de que suban los precios por ese motivo», a lo sumo, comentó, un mínimo porcentaje, un 1%.

Carmen Lence, doctora en Derecho y asesora del Defensor del Pueblo, ironizó sobre el papel preponderante que la libertad de empresa, cuyo garante es la CNMC, tiene frente a otros derechos recogidos en la Constitución: «Cuando conjugamos derechos, nos encontramos con que la CNMC puede impugnar cualquier disposición que vulnere la libre competencia». Hay, dijo, «quien bromea en este caso con crear la Comisión Nacional del Derecho a la Vivienda». Porque la libre competencia tiene, en la Unión Europea y, por ende, en España, «unas garantías de las que carecen otros derechos». Es todopoderosa.

En ese ambiente de pensamiento ultraliberal y tendente a la desregulación en el que se manejaba la mayor parte de los ponentes del congreso, Lucía Prats, delegada en Ibiza del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), intentó explicarles que las viviendas turísticas vacacionales «producen problemas de convivencia» en la isla. Hay pocas en alquiler y las que hay tienen precios desorbitados desde que buena parte del parque inmobiliario sólo se abre en verano y para turistas.