El comité de empresa de Ports de les Illes Balears mostró ayer su «total desacuerdo» sobre las 'Medidas de Protección de la Bahía de Sant Antoni de Portmany', asegurando que una «supuesta mejora nunca debe implicar la supresión de un servicio público sino, en todo caso, conllevar una mejora de la gestión de los recursos disponibles». PP, PSIB, Podemos, Més per Mallorca y Grupo Mixto presentaron la pasada semana en el Parlament balear una proposición de ley para evitar el desembarco de vehículos y mercancías en el puerto, que responde a la declaración unánime aprobada por el pleno de Sant Antoni en marzo del pasado año para consolidarlo como «un puerto esencialmente deportivo, pesquero, lúdico y turístico libre de transporte de mercancías».
El puerto, afirmaron ayer en un comunicado remitido por UGT, tiene la consideración de puerto estratégico y de refugio y, por tanto, si por cualquier circunstancia el puerto de Ibiza cerrara, la isla se quedaría incomunicada por vía marítima.
Esta propuesta repercute «directamente» en los ingresos de Ports de les Illes Balears que se destinan al mantenimiento y mejora de las instalaciones portuarias. Así, consideran que, para minimizar el «supuesto perjuicio derivado de la actividad del ferri en referencia a la seguridad y movilidad del municipio, existen otras actuaciones que se pueden implantar de manera «inmediata», como la colaboración entre agentes portuarios y la Policía Local para dirigir el tráfico durante la media hora de colapso de la red viaria.
«Especialmente indignante»
Desde el comité de empresa recordaron que «no existe a día de hoy ni carga ni descarga de contenedores ni tráiler» y también que el vehículo tiene la consideración de equipaje y no de mercancía y, por tanto, «prohibir la llegada de los vehículos particulares del pasaje supone prohibir la llegada de los pasajeros, lo que implica cerrar un servicio público de entrada y salida de la isla».
Para el comité, llama la atención que un Ayuntamiento «pretenda coartar la independencia de gestión de la empresa pública Ports de les Illes Balears a la hora de decidir si puede realizar nuevas instalaciones o ampliar las existentes en zona portuaria». También aseguraron que es «especialmente indignante» que pretenda exceptuar la posible ampliación de las boyas de fondeo gestionadas por el Club Nàutic de Sant Antoni de Portmany, presidido actualmente por el alcalde del municipio.
Según estadísticas, explicaron desde el comité, en 2017 se trasladaron 84 vehículos por escala, teniendo en cuenta que la operativa de desembarque es de aproximadamente 30 minutos. El Ayuntamiento, afirmaron, considera que esta cantidad de vehículos es la responsable de la saturación de su red viaria, sin embargo, visto el tráfico recibido en 2017 es «muy poco probable que el problema causante del colapso sea únicamente la actividad portuaria asociada a la llegada de ferris».
El comité criticó que desde 2014 existe un interés para reconvertir este muelle en una marina para megayates, «interés particular sobre interés general», dijeron, asegurando que les parece «ética y moralmente reprobable» que los representantes políticos se dediquen a cerrar servicios a la ciudadanía.
