Nada hay más fácil que prometer y, acto seguido, olvidar lo prometido. Los dirigentes del PSOE de Ibiza y de Balears aseguraron en la anterior campaña electoral de 2015 que las competencias en la gestión del agua (en manos del Govern) serían traspasadas a la isla de Ibiza si ganaban las elecciones. Ello representaba dar cumplimiento a una de las viejas aspiraciones de los políticos ibicencos: tener en sus manos la gestión de las depuradoras, desaladoras y acuíferos de Ibiza.

La entonces aspirante socialista, Francina Armengol, viajó a Ibiza expresamente para prometer este traspaso si ganaba y admitió que se trataba de una «demanda histórica» por parte del Consell. Y no sólo ella. También el PSOE ibicenco anunció (antes de las elecciones) que el Consell asumiría esta materia si los socialistas ganaban las elecciones. La misma promesa su sucedió a lo largo de la campaña electoral.

Sin embargo, hoy, cuatro años después de esas declaraciones y cuando queda sólo algo más de medio año de legislatura por delante, las competencias ni están ni se las esperan.

De hecho, no habían pasado ni tres meses desde que Armengol ganó las elecciones de 2015 cuando empezó a matizar su promesa. Para empezar a dar marcha atrás eligió además el solemne acto del 8 de agosto: «No queremos transferir una competencia que no esté bien dotada». Es decir, lo condicionó a que hubiera dinero.

Pese a todo, en marzo de 2016 el Consell de Alcaldes dio el primer paso para reclamar las competencias al Govern y acordó crear una mesa de trabajo compuesta por políticos y técnicos, «para recabar todos los datos disponibles de los recursos hídricos de la isla de Ibiza», informó el presidente del Consell, Vicent Torres. De ese estudio nunca más se ha sabido, pero en octubre de 2017 el Consell encargó un auditoría a una empresa especializada para realizar una cuantificación del coste de gestionar el agua. Este documento (elaborado por una empresa externa) ya está en manos del Consell y define cómo asumir las competencias. La institución, sin embargo, aún no la hecho público ni lo hadado todavía por válido definitivamente, a la espera de la supervisión de «algunos detalles», según el equipo de gobierno.

«No sé si tendremos tiempo»

Sólo dos días antes de que el Consell encargara esta auditoría la propia presidenta del Govern, Francina Armengol, había echado un jarro de agua fría sobre las esperanzas de los políticos ibicencos y sobre sus propias promesas de 2014: «No sé si tendremos tiempo», admitió cuando se le preguntó si este traspaso se podría realizar dentro de esta legislatura. «Las urgencias de tantísimas cosas que hemos tenido que reconstruir después de la época del PP ha hecho imposible avanzar más en esta línea. Nos hemos tenido que ocupar de cosas más urgentes», afirmó.

Por tanto, ni desde Ibiza se ha presentado en todo este tiempo una propuesta concreta al Govern para efectuar esta transferencia, ni desde Palma han realizado tampoco oferta alguna. Parálisis bidireccional.

Esta semana, la conselleria de Medio Ambiente del Govern, al ser preguntada sobre el estado de la situación, se limitó a contestar con un lacónico «no hay novedades».

El Consell de Ibiza, por su parte, intentó postergar las explicaciones requeridas por este periódico hasta dentro de una semana, pero finalmente el conseller de Medio Ambiente, Gonzalo Juan, informó de la existencia de la citada auditoría y consideró que «en lo que queda de legislatura se dará un salto cualitativo en las negociaciones». «No sé si dará tiempo a recibir las competencias, pero sí dejaremos el tema muy adelantado», señaló.

Su intención es plantear el tema «pronto» en la Conferencia de Presidentes de los consells y el Govern, aunque admitió que aún no hay fecha para ello.

El traspaso a la isla de las competencias en agua y saneamiento supondría un cambio sustancial en los ingresos que se recaudan con el canon de agua incluido en el recibo mensual que abonan los ciudadanos. Ese dinero, que va ahora al Govern y éste lo distribuye como considera necesario, se quedaría en Ibiza. Los ayuntamientos y la Alianza por el Agua afirman que los ibicencos pagan mucho más al Govern en concepto de canon de aguas de lo que luego éste invierte en Ibiza en mantenimiento y modernización de depuradoras.

Mecanismo sencillo

Se da la circunstancia de que la auditoría técnica con que cuenta el Consell (y a cuyas conclusiones ha tenido acceso este diario) para pedir este traspaso competencial abogan por aprovechar la actual revisión del Plan Hidrológico Balear (PHB) para que incorpore «una separata del plan de Ibiza» y en el que «se incluya una Agencia Insular del Agua».

Este informe, además, considera que para crear esta Agencia no hacen falta cálculos demasiado complicados para dotarlo económicamente: «La administración del agua no necesita dotación económica; el principio de recuperación de costes de los servicios del agua obliga a que a nivel insular se recuperen estos costes», señala el documento. Es decir, basta con que el canon que pagan los ibicencos se quede en Ibiza.

El conseller Gonzalo Juan dijo que tal vez habría que estudiar cantidades adicionales para pagar al personal, pero en todo caso, «la parte económica no sería problema, está bastante arreglada», dijo.

Pese a la sencillez del planteamiento, y a pesar de que el Consell dispone de este documento desde hace meses, todavía no ha formulado una propuesta concreta al Govern.