La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez, ha declarado prescrito el caso Huerta, la supuesta trama que encabezó el difunto exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta para monopolizar los proyectos que se desarrollaban en la localidad donde desempeñaba su función pública. En respuesta a las cuestiones previas a la celebración del juicio (aún no se había fijado una fecha) planteadas por la defensa de los acusados, Antonio Huerta Chamorro, hijo del que fue arquitecto municipal de Sant Josep, y su expareja Pilar Fernández, la jueza ha considerado que los delitos que les imputan han prescrito.
El Colegio de Arquitectos de Balears, que ejerce la acusación particular y que puede recurrir esta decisión, pide una pena de tres años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de arquitecto y el pago de una multa de 54.000 euros (cada uno) para los dos acusados por la presunta comisión de un delito de actividades y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, como cooperadores necesarios. En el caso de Pilar Fernández, la acusación particular agrega una condena de un año y medio de prisión, inhabilitación de tres años para ejercer su profesión y otra sanción de 54.000 euros por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y alternativamente (una o la otra) una pena de dos años de cárcel, tres de inhabilitación y una multa por la misma cuantía apuntada anteriormente por la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
La jueza considera que, desde que se inició la instrucción, en 2005, hasta que se tomó declaración a los acusados, los delitos que se les imputan han prescrito. De hecho, la Fiscalía ya indicó en su momento que los hechos por los que se le imputaban a Fernández los delitos contra la ordenación del territorio o, alternativamente, contra el medio ambiente, por la firma del proyecto de Cala Molí que invadía parte de una zona protegida ANEI, habían prescrito.
La Fiscalía pidió el archivo
La Fiscalía pidió el archivo
Cuando se cerró la instrucción, la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de la causa por «no existir indicios de la comisión de los delitos por los que se incoó el procedimiento». También apuntaba que algunos testimonios destacados no habían podido ser contrastados, como el de una delineante, empleada de Huerta, que declaró que los proyectos que se presentaban en Sant Josep los hacía el exarquitecto municipal, pero los firmaban otras personas, entre ellas la que entonces era la pareja de su hijo, Pilar Fernández.
Sin embargo, el Colegio de Arquitectos, que se vio forzado a cambiar de letrado (el que llevó la instrucción renunció) justo en el momento en el que se cerró la instrucción, recurrió el archivo y, en segunda instancia, la Audiencia Provincial obligó a reabrir el caso.
