Los agentes de medio ambiente de las Pitiüses han levantado este verano, hasta la primera semana de septiembre, cuatro actas de infracción por el fondeo de embarcaciones sobre praderas de posidonia, según explica la conselleria balear de Medio Ambiente. La temporada pasada se interpusieron 14 denuncias.
El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miquel Mir, sostiene que ha transcurrido muy poco tiempo desde la aprobación del decreto de posidonia, a finales de julio, aunque destaca por encima de todo que la nueva normativa proporciona «seguridad jurídica» tanto a la Administración, en este caso los agentes de medio ambiente, como «a los administrados», los infractores.
Antes, los agentes de medio ambiente tenían que recoger «muchas pruebas» y, posteriormente, el instructor del expediente de infracción (un letrado de la Abogacía de la Comunitat Autònoma) «tenía que comprobarlo todo». «Era mucho más complicado», apunta. «Este decreto ha supuesto un paso muy importante, esta normativa era muy necesaria y con el tiempo todo el mundo la tendrá más interiorizada», indica.
Mir rehúsa evaluar el número de actas levantadas por la autoridad ambiental. «Los agentes tienen la potestad de intervenir cuando lo consideren. No quiero hacer una valoración subjetiva porque no me corresponde», indica, para acto seguido subrayar que, en todo caso, «todas las sanciones que en esta legislatura han llegado a la dirección general se están tramitando y se tramitarán». «No prescribirá ninguna. Anteriormente esto sí pasaba», indica en referencia al anterior Ejecutivo autónomo del PP.
El control del cumplimiento del decreto depende de la capacidad de vigilancia de Medio Ambiente. La falta de medios ha sido una de las principales críticas de los grupos ecologistas, aunque el director general de Biodiversidad sostiene que «los números son los que mandan», y resalta que «nunca había habido en Balears tantos medios para vigilar la posidonia», en referencia fundamentalmente a las 18 embarcaciones que navegan por la costa de las islas para controlar los fondeos. El trabajo de estos vigilantes se limita a informar a los patrones y sólo los agentes de medio ambiente, cuando suben a bordo, tienen la potestad de levantar actas de infracción. También pueden hacerlo el servicio marítimo de la Guardia Civil y el Seprona.
Más personal
¿Pero es suficiente la plantilla de agentes de medio ambiente para garantizar la protección de las praderas? «Es obvio que hay que trabajar para incrementar el personal que se dedica a vigilar el Medio Ambiente en general, no sólo la posidonia. Esta es una de las líneas en la que se ha de seguir trabajando. Los recursos son siempre mejorables, pero nunca se habían tenido tantos como ahora», reiteró.
La normativa contempla sanciones por fondear sobre posidonia de entre 100 y 6.000 euros por infracciones leves, que, en el caso de las graves, pueden ascender hasta 100.000 euros y un máximo de 450.000 euros cuando se califican como muy graves.
