El Consell de Ibiza aprobó ayer en pleno por unanimidad ordenar a la concesionaria del vertedero, la Unión Temporal de Empresas Giref, que, en ningún caso, puede paralizar la entrada y el depósito de la basura en Ca na Putxa, a pesar de que la normativa europea prohíbe que se entierre en las celdas la materia orgánica, los restos que se lanzan al contenedor gris.
El equipo de gobierno elevó esta propuesta al pleno en respuesta a la carta que la UTE Giref remitió a la institución el pasado día 18, en la que le pedía que, mientras no se construyan las plantas de triaje y la de biometanización (para eliminar la materia orgánica), le diera instrucciones de cómo se tienen que gestionar los residuos, con la advertencia de que si no lo hacía en un plazo de cinco días se dejaría de recibir la basura en el vertedero.
La Comisión de Medio Ambiente de Balears tramita la revisión de oficio de la autorización ambiental integrada del vertedero por el incumplimiento de la normativa ambiental, aunque, en el acuerdo que este órgano adoptó el pasado 26 de julio, se especificaba que, como Ca na Putxa es «la única instalación para la gestión de los residuos de Ibiza y Formentera», la concesionaria debe garantizar la continuidad del servicio, sea cual sea la medida que adopte para cumplir la normativa. Esta pasa por la construcción y puesta en marcha de las plantas de triaje (para separar la materia orgánica) y biometanización (para su eliminación), instalaciones que llevan ya muchos años de retraso sobre lo previsto en el plan director de residuos.
El Consell va más allá al solicitar, en el acuerdo del pleno, el apoyo del Govern balear en este asunto en «lo que fuera necesario», ya que, según el Estatut d'Autonomia, es «el garante de la política autonómica, del equilibrio interinsular y del principio de solidaridad».
El conseller insular de Medio Ambiente, Gonzalo Juan, destacó en el pleno que el vertedero es «un servicio público que bajo ningún concepto se puede parar» y advirtió a la concesionaria de que «el incumplimiento de esta obligación» acarrearía «graves repercusiones» al tratarse de «una infracción muy grave», sin perjuicio, agregó, de que se adopten otras medidas, en referencia a acciones judiciales. La consellera del PP Pepa Costa aseguró, que, obviamente, no se puede interrumpir el servicio y dijo que no quedaba claro por qué se solicitaba el apoyo del Govern cuando esta competencia es del Consell.
