La Fiscalía de Ibiza ha pedido al juzgado que solicite a Cobblestones SL, la promotora de 'Vadella 64', el edificio de 64 estudios de uso comercial y 38 locales-taller de Cala Vedella que se comercializaban como viviendas, que aporte los contratos de compraventa de los 15 inmuebles de la primera fase y que los compradores presten declaración para aclarar si, al firmar este documento, eran o no conscientes de que el uso de su propiedad es comercial y no residencial.

El Ministerio Público ha presentado una denuncia en los juzgados contra el administrador de Cobblestones S. L. por un posible delito de estafa y otro de falsedad documental, a raíz de las informaciones aportadas por un técnico que, inicialmente, participó en el desarrollo de esta construcción.

El Juzgado de Instrucción número 3 abrió hace unos años diligencias por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en la construcción de esta promoción, pero se archivó en octubre de 2016. Las denuncias posteriores sobre la posible estafa, que se dirigieron al mismo juzgado, no motivaron la reapertura de la causa al tratarse de cuestiones distintas, según fuentes judiciales. La denuncia de la Fiscalía ha recaído ahora en el Juzgado de Instrucción número 2.

El Consell denegó a principios de año la concesión de las 15 cédulas de primera ocupación solicitada por Cobblestones S L, al detectar diversas irregularidades. En concreto, la institución informó en contra de la entrega de las cédulas porque el uso solicitado era el de vivienda, en concordancia con la información que aparecía en el Registro de la Propiedad, cuando la información aportada (licencia de obra y el certificado parcial de final de obra del Ayuntamiento) se referían al uso de local (comercial).

Además, se incumplía el decreto que regula las dimensiones (no disponían de altura útil de 2,5 metros) y condiciones de higiene para la habitabilidad de viviendas. Los inspectores del Consell también constataron, en la visita a la promoción, que el uso que se le iba dar a los inmuebles era el de vivienda, tal y como se comercializaba, además, a través de diversas webs.

Para tratar de obtener las cédulas, imprescindibles para firmar las escrituras, la promotora hizo cambios en las viviendas y en las notas del Registro de la Propiedad. También cambió la página web en la que comercializa la promoción, donde ahora ya no se habla de viviendas, sino de estudios-taller (sin especificar más).

La Fiscalía pretende aclarar si se pudo haber producido un delito de falsedad en documento público, a raíz de los cambios que se han introducido en el Registro de la Propiedad. También quiere comprobar qué términos aparecen en los contratos de compraventa.

El Consell ya instó en febrero al Registro de la Propiedad a que adoptara medidas para evitar un perjuicio a terceras personas que pudieran adquirir o gravar los inmuebles de esta promoción con «la apariencia» que daban las notas simples. Estas identificaban cada unidad como estudios, sin especificar su uso comercial. También le informó de que había denegado las 15 cédulas porque, precisamente, en la solicitud del promotor se describían las entidades como «estudios», y no como «estudios comerciales, que era el objeto de la licencia otorgada en 2003».