El Tribunal Supremo ha dado la razón al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni en la contratación de la coordinadora de seguridad, María Ángeles Gallardo, al inicio del actual mandato. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por el jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, que desde el primer momento se ha opuesto al nombramiento de Gallardo, y le obliga además a pagar las costas procesales, por un importe de 2.000 euros.
Aunque una primera sentencia de lo Contencioso Administrativo dio la razón al jefe de la Policía Local y apreció «desviación de poder» en la contratación de Ángeles Gallardo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Balears emitió un fallo favorable al Ayuntamiento en el que se afirmaba que no era posible apreciar por ningún lado dicha desviación de poder. Ahora, el Tribunal Supremo es del mismo parecer y cierra de este modo la vía judicial, con lo que el nombramiento de la nueva coordinadora de seguridad de Sant Antoni adquiere firmeza definitiva.
«Falta de fundamentación»
La providencia emitida por el Tribunal Supremo alega «falta de fundamentación suficiente» en el recurso de Javier Verdugo.
Ya el TSJB consideró que «no falta motivación» en la contratación de Gallardo. «La motivación para la creación del puesto de trabajo no puede ser otra que la de manifestar la necesidad que tiene la concejalía de Gobernación de contar con el asesoramiento en las materias indicadas [temas policiales], y esta necesidad se ha manifestado reiteradamente en el expediente [del Ayuntamiento]; en definitiva, no falta motivación», señala la sentencia.
Aunque los magistrados admiten que las actuaciones llevadas a cabo en 2015 para nombrar a Gallardo «fueron ilegales», también aseguran «no entender la razón por la cual la conducta municipal consistente en reparar el vicio y reiniciar, ahora sí, el procedimiento legalmente establecido, comporte desviación de poder».
El tribunal balear consideró que, «siguiendo esa misma lógica, cualquier rectificación o corrección de una indebida actuación comportaría una ilegalidad».
Desde que Ángeles Gallardo fue nombrada por el nuevo equipo de gobierno de Sant Antoni, Verdugo ha mantenido una tensa relación con el Ayuntamiento de Sant Antoni y, sobre todo, con la concejala de Gobernación, Aída Alcaraz.
