Los propietarios de la Casa van der Driesche en Cala Molí se saltaron ayer la suspensión de la licencia de demolición decretada el martes por el Consell de Ibiza. La Policía Local de Sant Josep tuvo que acudir alrededor de las 11 de mañana a la vivienda porque les avisaron de que se estaban haciendo obras. Cuando la patrulla llegó constató que se habían iniciado los trabajos de demolición de la vivienda. Los operarios habían comenzado el derribo de las paredes laterales y los techos de las estructuras más características de la vivienda, esa especie de torres triangulares que servían de claraboyas y que coronan la parte superior de la construcción.

A continuación, los agentes notificaron a los operarios que debían dejar de realizar cualquier tipo de trabajo, puesto que se había decretado la suspensión de la licencia por un plazo de tres meses. Hasta la mañana de ayer los intentos por parte de los servicios municipales de hacerles llegar la orden habían sido infructuosos. «Hemos intentado notificarles la suspensión estos días pero ha sido imposible», explicó el concejal de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero. Alrededor de las dos de la tarde la patrulla de Policía Local abandonó la zona, dejando la casa cerrada y vacía. La licencia fue suspendida en virtud de un recurso de alzada presentado por el Colegio de Arquitectos ante el Consell.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, por la tarde los trabajadores habían vuelto. Se encontraban sacando escombros hasta un camión aparcado en la calle, ignorando así la suspensión que se les había notificado esa misma mañana.

Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento ha tenido que tomar medidas. La Policía Local tenía orden de pasar varias veces por la casa esta pasada noche. Y desde está mañana a las 7 horas, una patrulla debe vigilar la vivienda, en previsión de que se trate de seguir con los trabajos.

Además, el Consistorio estudia la forma de precintar la vivienda. Tanto el hecho de saltarse la suspensión como la ruptura del precinto podrían acarrear responsabilidades penales para los infractores.

El proyecto de demolición con el que cuentan los propietarios implica el derribo completo de toda la casa. A pesar de que en la zona no está permitida la edificación de viviendas debido a la moratoria del Govern que lo impide al carecer de infraestructura urbana.