El 35% de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) inspeccionadas por la conselleria que dirige Marc Pons en Can Misses, Platja d´en Bossa y Puig d´en Valls han resultado estar alquiladas a personas diferentes a las que obtuvieron estas casas, lo que supone un incumplimiento de la ley. Además, algunas de estas viviendas han sido arrendadas como pisos turísticos, lo que representa una infracción tipificada como muy grave.

La campaña de inspecciones realizadas por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en estos tres barrios de Ibiza, donde se visitaron un total de 40 pisos, se ha saldado con 14 expedientes abiertos, seis de ellos de tipo sancionador, según informaron ayer en rueda de prensa el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y el conseller de Territorio y Vivienda, Marc Pons.

Las infracciones graves (como tener alquilada la VPO) puede acarrear sanciones que van desde los 3.000 a los 30.000 euros, pero explotar estos inmuebles como piso turístico es considerado infracción muy grave, con multas de entre 30.000 y 50.000 euros. En caso de reiteración, se prevé la retirada de la propiedad de la vivienda, recordó Pons.

El conseller explicó que la ley prevé, excepcionalmente, que el dueño de una VPO pueda alquilar su vivienda, «pero antes ha de pedir autorización al Ibavi».

En las inspecciones realizadas se ha detectado también algún piso vacío, lo que también está prohibido por la nueva Ley de la Vivienda, que ha aprobado en esta legislatura el Govern balear y que permite, precisamente, vigilar mejor este tipo de casas de protección oficial.

«Mal uso» de las VPO

Pons explicó que esta campaña de inspecciones es una iniciativa «nueva», pues «desde los años 90 no venía un inspector del Ibavi a Ibiza». También recordó que sus propietarios obtuvieron en su día ayudas públicas y, por ello, están sometidos al cumplimiento de una serie de exigencias. Los incumplimientos suponen un «mal uso» de los inmuebles, por lo que son sancionables «y el Govern tiene la obligación de ejecutar este control».

El conseller recordó que con la Ley de Vivienda, en vigor desde junio, está previsto impulsar acciones de inspección con un equipo de 24 personas dedicadas exclusivamente a esta labor en el conjunto de Balears. «La previsión es que a finales de año haya 13 inspectores en Balears y se vaya ampliando el servicio hasta los 24 inspectores», declaró.

El conseller y el alcalde de Ibiza destacaron la colaboración que ha existido en todo momento entre ambas administraciones para llevar a cabo esta campaña, puesto que el Ayuntamiento ha aportado agentes de la Policía Local para llevar a efecto las inspecciones realizadas en estos barrios.