Por primera vez desde que la izquierda ha gobernado el Consell ibicenco, los grupos progresistas lograron ayer aprobar (con carácter inicial) la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) de la isla de Ibiza que puso en marcha en 2005 el PP. Ahora se abre un periodo de 45 días de exposición pública para la presentación de alegaciones y se prevé que «en los primeros meses de 2019» pueda procederse a la aprobación definitiva. Los consellers del PSOE y Podemos celebraron con una ovación el resultado de la votación, mientras que el PP votó en contra y auguró todo tipo de calamidades económicas como consecuencia de esta modificación. También anunció que tumbará el acuerdo de ayer si gana las elecciones.
Tanto la portavoz de Podemos, Viviana de Sans, como la consellera de Territorio, Pepa Marí Ribas (PSOE), expresaron su «alegría» por la culminación de los trámites y agradecieron el «gran trabajo y esfuerzo» realizado por los funcionarios y técnicos de la institución para dar luz a una norma que «asegura el bienestar de nuestros hijos y nietos», afirmó Marí. La dirigente de Podemos, por su parte, dijo que el objetivo del cambio es, entre otros, «evitar los casoplones en suelo rústico», así como «impedir que el campo acabe convirtiéndose en una gran urbanización difusa».
La consellera socialista recordó que, con la inedificabilidad de los últimos espacios naturales vírgenes, se quiere evitar también el riesgo de incendio que para las personas supone edificar casas en el bosque. Reducir el impacto paisajístico y sobre los recursos que tienen las casas excesivamente grandes, así como terminar con la gran fragmentación parcelaria que sufre el campo, son otros de los objetivos de la reforma del PTI. Durante el periodo de consultas, el equipo de gobierno ha acabado aceptando varias sugerencias para permitir actividades agrícolas no profesionales en los espacios protegidos.
«Evitar la especulación»
Marí Ribas sintetizó la reforma aprobada señalando que «sólo se prohíbe construir en las zonas boscosas protegidas, donde tradicionalmente nunca se ha construido», mientras que también se impone una superficie máxima a las casas de campo para evitar «los usos especulativos» ajenos al carácter residencial.
El PP, en cambio, rechaza la protección de estos espacios y las limitaciones del nuevo PTI. Su portavoz, Mariano Juan, dibujó un sombrío panorama y pronosticó toda suerte de adversidades para la población. Entre ellas, citó la «pérdida de valor económico» del suelo rústico. Tras recriminar la «falta de consenso» que, según él, ha presidido la elaboración de esta revisión, lamentó que el equipo de gobierno no haya tenido en cuenta las 2.500 alegaciones presentadas por los ciudadanos. Por ello, anunció que si el PP gana las elecciones dará marcha atrás a esta reforma para volver a la situación anterior.
Este hecho fue duramente criticado por el equipo de gobierno, que le acusó de «no presentar alternativas» y limitarse a mantener la situación «que está masificando la isla». La consellera de Territorio aseguró: «Incluso los propios votantes del PP no quieren continuar con la destrucción de la isla».
Por primera vez desde 1999
Con la aprobación inicial de la revisión del PTI queda sin efecto la moratoria que ha estado en vigor durante los últimos meses, si bien «no se notará mucha diferencia», puesto que el contenido de la norma cautelar prácticamente coincide con lo aprobado ayer.
Esta es la primera vez desde que gobierna la izquierda en el Consell (incluyendo las etapas de Pilar Costa y de Xico Tarrés) en que los progresistas consiguen aprobar inicialmente la modificación del PTI del PP y, previsiblemente, lograrán también aprobarla definitivamente. El Consell de Xico Tarrés (2007-2011) trató de modificar el PTI del PP, pero finalmente el presidente del Consell decidió no hacerlo.
