Desde el pasado 1 de agosto, cuando se levantó la moratoria, el Consell de Ibiza ha recibido sólo cuatro solicitudes de propietarios de viviendas para inscribirse en el registro de alquiler vacacional. A partir de ahora, se abre de nuevo la posibilidad de registrar o legalizar la actividad de alquiler turístico, aunque con «los nuevos requisitos» que marca la nueva ley de Turismo, según el director insular de Turismo, Vicent Torres, Benet, que destaca que los propietarios han de acreditar, mediante certificado municipal, «la antigüedad del inmueble [ha de tener cinco años como mínimo], que se ubica en un suelo cuya calificación permite esta actividad y que no tiene en curso un expediente por infracción urbanística».

Mientras que en Mallorca en sólo una semana, tras levantarse la moratoria, se presentaron solicitudes para dar de alta dos mil plazas de viviendas destinadas al alquiler vacacional, en Ibiza apenas se han registrado cuatro inmuebles. «Eso no quiere decir que cumplan las condiciones que marca la ley», puntualiza Torres.

El director insular de Turismo apunta que en Menorca también ha habido mucha más demanda. «Cada isla es un caso distinto», matiza, al tiempo que intuye que el bajo número de solicitudes registrado en Ibiza se debe a que la normativa ahora es «más restrictiva», ya que «hay mucho suelo, protegido, en el que no se permite esta actividad». También destaca que la exigencia de la antigüedad mínima de cinco años ha eliminado muchas expectativas de proyectos iniciados recientemente con la idea de explotar este mercado.

Asimismo, Ibiza es la única isla de la Comunitat Autònoma que inicia esta nueva etapa sin haber aprobado la zonificación turística, la delimitación de las áreas en las que se permite esta actividad o su tipología. Por ejemplo, Vila y Santa Eulària habían solicitado que en su caso se prohibiera esta actividad, no sólo en edificios plurifamiliares sino también en viviendas unifamiliares. En los otros tres municipios se preveía permitir el alquiler turístico sólo en viviendas unifamiliares.

Sin embargo, la propuesta del equipo de gobierno se fue al traste tras la negativa del conseller de Podemos Guanyem Miguel Vericad a apoyarla, lo que abrió una crisis interna y provocó su dimisión. Vericad mantiene su cargo de conseller sin cartera y, en principio, se ha comprometido a garantizar la estabilidad del gobierno.

Durante la crisis de gobierno, el grupo del PSOE en el Consell defendió que, en la práctica, no se puede ampliar el número de viviendas vacacionales inscrito porque, a principios de abril, la comisión de Ordenación Turística, fijó que el techo de plazas turísticas en viviendas sería el número de las que son legales, unas 20.500. De este modo, para lograr una autorización, los propietarios interesados deberían adquirirla de la bolsa de plazas de viviendas turísticas, constituida por aquellas que se den de baja. En este momento, no hay ninguna disponible.

Techo de plazas aún abierto

No obstante, el director insular de Turismo asegura que aún queda pendiente «un trámite burocrático», que rehúsa concretar, para «acabar de materializar este techo» de plazas. «Estamos trabajando en ello», afirma Torres. Esto supone, reconoció el director insular de Turismo, que todas las solicitudes que se presenten, hasta que culmine el proceso de aprobación del máximo posible, podrán operar siempre y cuando cumplan los requisitos que marca la normativa. Es decir, el techo de plazas no podrá ser el de abril, sino el que haya en el momento en que se apruebe definitivamente el número máximo.

Por otra parte, Torres asegura que aún no se ha decidido de qué manera se intentará aprobar la zonificación turística de la isla, tras el intento fallido del pasado mes de mayo. «No sabemos si esperar a la aprobación del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT), que debe ser el documento de consenso que marque lo que queremos ser de mayores, o elevar de nuevo una propuesta al pleno», afirma Torres.

En este sentido, señala que, tal como pretende Santa Eulària, cuando se redacte el PIAT, los ayuntamientos podrán proponer una zonificación más específica a escala municipal sobre las zonas aptas para el alquiler turístico.