El pleno del Consell aceptó ayer asumir la titularidad de la estación de autobuses de Sant Antoni, después de que haya culminado el proceso de expropiación del solar, iniciado años atrás. De este modo, esta instalación podrá incorporarse a la nueva contrata del servicio de autobuses que debe licitarse este año.

El PP se felicitó por el hecho de que se haya «desatascado» este asunto,pero echó en falta un informe que detalle «en qué estado se encuentra la instalación».

La consellera de Movilidad, Pepa Marí, atribuyó la finalización del proceso al «trabajo del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Antoni», por acelerar las expropiaciones. También dijo que «se hará un auditoría para ver si se han de realizar obras o hacer algún arreglo» en la instalación.

Vertedero de Ca na Putxa

Vertedero de Ca na Putxa

El pleno, por otra parte, rechazó un recurso administrativo presentado por la concesionaria del vertedero de Ca na Putxa, la UTE Giref, para aplazar hasta octubre el inicio de las obras de la planta de triaje de la fracción orgánica, una instalación que ha de reducir la entrada de residuos al vertedero y alargar su vida útil.

El pleno había dado en junio un plazo máximo de un mes para iniciar las obras, pero la empresa alega que durante el periodo estival tiene grandes dificultades para contratar al personal necesario e iniciar los trabajos en ese plazo, por lo que pedía prorrogar el plazo hasta el 15 de octubre. El Consell, sin embargo, ha acabado aceptando darle de tiempo hasta el 15 de septiembre, al ver que Giref, además, ha iniciado ya los preparativos para cometer los trabajos.

El pleno, sin embargo, desestimó otros puntos contenidos en el recurso, como posponer el inicio de las obras hasta que se pronuncie la Comisión Balear de Medio Ambiente sobre el expediente en tramitación. El PP se abstuvo en este punto.

Cambio de la LAU

Cambio de la LAU

El plenario, asimismo, aprobó una moción del PSOE para instar a los diferentes grupos del Congreso de los Diputados a cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) al objeto de perseguir mejor los pisos turísticos. El acuerdo concreto aprobado insta a «todos los grupos parlamentarios del Congreso a llegar a un acuerdo que permita el cambio en la definición de alquiler de temporada, lo que ayudará a garantizar el acceso a la vivienda en la isla de Ibiza y combatir la oferta de viviendas turísticas ilegales», tal y como es el objetivo del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP se abstuvo al entender la consellera Carmen Domínguez que «no se puede decir al presidente del Gobierno lo que tiene que hacer» y al considerar que cada comunidad autónoma presenta características diferentes, por lo que «habría que analizar de forma minuciosa cada caso» concreto.

También lamentó el grupo del PP que el PSOE «pida consenso en Madrid y, en cambio, aquí no», afirmó Domínguez en alusión a la tramitación del Plan Territorial Insular (PTI) de la isla de Ibiza.