Pese a las objeciones del Consell Consultiu, el conseller balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, mantiene firme su idea de que este verano se apruebe y entre en vigor el decreto de posidonia. Las asociaciones ecologistas critican el retraso en la aplicación de esta medida, prevista en el pacto de gobierno de la izquierda. Mientras, se suceden las denuncias por fondeos sobre posidonia en diversos puntos de la costa. ¿Qué cambiará cuando se aplique el decreto?
Calendario
El decreto con más participación pública de la historia de Balears
El decreto ha generado una expectación sin precedentes. El Govern considera que este hecho explica que todavía no esté aprobado. El expediente suma más de 2.300 páginas desde que se inició, una cifra muy por encima de lo habitual. «Es un texto complicado desde un punto de vista jurídico y técnico, pero sobre todo ha llevado mucho trabajo por la enorme participación que hubo en el proceso de participación pública. Esas 2.300 páginas son una barbaridad, aunque estamos muy satisfechos de que tanta gente se haya implicado; no esperábamos semejante respuesta», explica Miquel Mir, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad.
Se da por hecho que el Consultiu obligará a realizar algunas modificaciones, por lo que el Govern es conservador con los plazos: «esperamos que esté en vigor este verano, pero sería atrevido por mi parte aventurar una fecha».
Una prohibición nítida
Los agentes ya no tendrán que demostrar un fondeo ilegal
«Un coche que circula a 150 kilómetros por hora es un peligro para los demás. No hay necesidad de demostrarlo». Con este símil explican en la conselleria una de las grandes novedades que incorporará el decreto cuando esté en vigor. A día de hoy los agentes medioambientales deben demostrar que un barco está fondeado sobre posidonia requiriendo al patrón para que levante el ancla y comprobar así si tiene restos de la planta. Es decir, antes de realizar una propuesta de sanción el funcionario debía acreditar un daño al fondo marino.
Es un punto de inflexión que facilitará las cosas a los agentes y dejará en fuego de juego a los navegantes que, pillados anclando ilegalmente, pretextaban que la corriente marina había desplazado su barco hasta una superficie cubierta de la planta acuática.
«El fondeo sobre posidonia estará prohibido nítidamente. La única manera de que un barco fondee legalmente será en un campo de boyas de bajo impacto Y no en todos los sitios podrá haber uno», advierte Mir.
Posidonia muerta
Un protocolo de extracción que variará según la tipología de playa
La reivindicación que ha experimentado la posidonia estos últimos años también incluye a los ejemplares muertos. A día de hoy existen sobradas referencias a su importancia en la construcción, en el campo o como barrera natural contra la erosión de las playas.
El decreto distingue entre tres tipos de playas y establece una manera diferente de recoger y transportar las hojas muertas para cada una de las tipologías. En las playas naturales sin servicios solo podrá extraerse manualmente; en el caso de las vírgenes con servicios se permitirá por métodos mecánicos previa autorización; y en las playas urbanas no será necesaria autorización, pero deberá seguirse un protocolo que figura en el decreto.
Campos de Boyas
De iniciativa pública, solo podrán instalarse en determinadas zonas
El decreto regula la instalación de nuevos campos de boyas que se sumen a los siete que ya existen en Balears. El documento divide el mar en dos zonas: de alto valor, vetadas a cualquier instalación; y a regular, donde sí se podrán habilitarse estos elementos para amarrar los barcos sin necesidad de tocar el fondo marino.
Las nuevas instalaciones deberán ser de iniciativa pública y se gestionarán en base a criterios económicos sin ánimo de lucro.
Inspecciones
Multas desde 100 euros y quince barcos específicos de vigilancia
Un decreto no puede establecer un reglamento sancionador, por lo que la tipología y cuantía de las multas que desde el año pasado se imponen a los infractores están recogidas en dos normas: la ley autonómica para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) de 2005 y la ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007.
Ambas normativas contemplan multas de entre 100 y 6.000 euros por infracciones leves. Hasta 100.000 euros para las graves, y un máximo de 450.000 euros para las calificadas como muy graves.
Hay diversos condicionantes que pueden modificar el importe de la multa: la extensión de pradera de posidonia invadida, la longitud de la cadena enterrada junto a la planta acuática y la predisposición a colaborar con los inspectores, entre otros factores.
Habrá un servicio de vigilancia específica. Hay presupuestados dos millones de euros para mantener quince embarcaciones de vigilancia en los próximos cuatro años, a las que se sumarán medios propios de la conselleria balear de Medio Ambiente.
