El Consell Consultiu considera, como «observación esencial», que el decreto de posidonia que la conselleria balear de Medio Ambiente pretende aún aprobar y aplicar este verano, el último de la legislatura, entre en vigor a partir del 2 de enero de 2019. El informe del órgano de consulta jurídica de Balears, que no es vinculante, justifica que el propio decreto de posidonia prevé campañas informativas y de sensibilización, por lo que entiende que habría que fijar un periodo entre su aprobación y aplicación «coherente e idóneo».

Para ello, el Consultiu apunta que podría ser «útil» la Ley del Gobierno de la Nación, pese a que no es aplicable a las Comunidades Autónomas. El artículo 23 de dicha ley prevé que los reglamentos que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñan una actividad económica o profesional contemplarán el comienzo de su vigencia el 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. Es decir, que si se aprobase hoy mismo el decreto, la propuesta del Consultiu es la de no imponer las sanciones previstas en la norma, por fondeo indebido, hasta el 2 de enero de 2019. En el caso de que no se lograse aprobar dentro del segundo semestre, entonces la entrada en vigor ya se retrasaría hasta el 1 de julio del año próximo, cuando ya se habrán celebrado las elecciones locales.

El informe también considera «esencial» que el régimen de sanciones incluido en el decreto, para no entrar en contradicción con la ley estatal 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, sólo prevea multar acciones que provoquen «alteraciones significativas» en la posidonia. Por ello, recomienda a la Comunitat Autònoma que defina este concepto de forma «clara, concreta y precisa».

Cartografía necesaria

Otro de los obstáculos fundamentales que apunta el Consell Consultiu se refiere a que «no es suficiente» que se incorpore la cartografía con las zonas de posidonia mediante una resolución, sino que se debería tramitar a través de una orden del conseller, previa tramitación «con audiencia y participación». «Razones de seguridad jurídica» son el argumento principal de esta consideración, también «esencial», puesto que al incorporar la norma una potestad sancionadora, se pretende que el navegante pueda comprobar de manera fehaciente dónde se encuentra la planta marina y por tanto está prohibido fondear. Hoy día sólo existe una cartografía detallada y actualizada de los fondos de Formentera, realizada por iniciativa privada.

El órgano de consulta recuerda que, para utilizar la fórmula ritual de que el decreto se ha aprobado «de acuerdo con el Consultiu», se han de cumplir todas las cuestiones anteriormente apuntadas.

El conseller balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, se muestra decidido a mantener los plazos previstos inicialmente para la entrada en vigor del esperado decreto de protección de la posidonia, a pesar de las complejas observaciones del Consultiu, cuyo cumplimiento estricto haría imposible que el Consell de Govern apruebe la norma este verano. Vidal admite que sus técnicos están ya trabajando en relación a las consideraciones del Consultiu, que pese a considerar legitimada la acción normativa del Govern, y por tanto decretar que se ha cumplido con la legalidad en la forma y el contenido de la norma, establece varios obstáculos que no ponen fácil la aprobación del decreto a corto plazo.

El Consell de Govern, al tener un 'visto bueno' global del proyecto de Decreto, podría aprobarlo con carácter inmediato. Pero según fuentes jurídicas consultadas, las prescripciones marcadas por el Consultiu, con carácter «esencial», hacen difícil pensar en que se pueda establecer un régimen sancionador, después de que el órgano de asesoría jurídica haya recomendado aprobar una cartografía detallada, que hoy día no está elaborada, y conceder una cautela temporal hasta el 2 de enero de 2019 para empezar con las multas.