El conseller balear de Territorio, Marc Pons, defendió ayer en el Parlament que la ley 4/2008 aprobada por el anterior gobierno de centro-izquierda presidido por el socialista Francesc Antich para proteger diversos parajes de la isla, como Benirràs, Punta Pedrera o Roca Llisa, tenía por objeto «poner orden a los excesos» urbanísticos de Ibiza. En respuesta a una pregunta de la diputada ibicenca del PP María José Ribas sobre «la multimillonaria» factura que el Govern deberá pagar (más de 100 millones de euros por ahora sólo en Ibiza) por la protección de terrenos urbanizables, el conseller arremetió contra el desarrollo «desmedido» de la isla «en los últimos 30 años».
«Ibiza posiblemente es un ejemplo de lo que ha sido una práctica continuada de un muy mal urbanismo. Los años 70, 80 y 90 se explican a golpe de reclasificaciones, de intereses particulares, sin prever las consecuencias de que un exceso de población podía tener con falta de infraestructuras viarias, de suministro de agua, saneamiento? 30 años de desmesura y excesos son muchos», resaltó Pons, quien añadió que la ley 4/2008 tenía por objeto «poner orden a estos excesos», al igual, remarcó, que con la construcción de las autopistas el PP «quería dar respuesta a una movilidad desmedida».
Así, Pons recordó que «el coste real de las autopistas de Ibiza» fue de 178 millones de euros, pero, por el sistema de peaje en la sombra, los ciudadanos de las islas acabarán pagando una factura de 598 millones, «426 más como consecuencia de una mala gestión», lo cual, puntualizó, «no supone un problema para el PP». «Reconozcamos la realidad. Crecer como se ha crecido en los últimos 30 años no es una solución para una isla donde ya no cabe nadie. Hay que ser capaces de replantear el modo de hacer las cosas para que la gente pueda vivir con la máxima calidad y a veces hacen falta cosas como la ley 4/ 2008, de la cual podemos discutir cuestiones concretas», dijo.
El conseller instó al PP a «cambiar el chip» y a que «entienda que Ibiza debe seguir un modelo mucho más sostenible o, a la larga, se seguirán cometiendo errores como éste», en referencia al crecimiento urbanístico sin control.
La diputada del PP criticó que el anterior gobierno progresista protegiera «arbitrariamente» terrenos urbanizables que, «en muchos casos, contaban ya con aceras y alcantarillas». «Con el dinero de todos, se tienen que pagar indemnizaciones multimillonarias porque alguien tuvo el capricho de proteger determinados terrenos concretos con unos derechos adquiridos», resaltó Ribas, al tiempo que recordó que el anterior gobierno autónomo del PP, al vaticinar la cuantiosa factura en indemnizaciones que se avecinaba, halló «una solución» con la anterior ley urbanística (LOU). «Al nuevo Govern le faltó tiempo para cargársela», lamentó. «Los ciudadanos y nosotros queremos proteger, pero no a cualquier precio ni de esta manera, sin ningún criterio ni sentido común», añadió la diputada del PP.
Escuelas o s'Espalmador
Asimismo, María José Ribas cuestionó si los ciudadanos de las islas prefieren «pagar los errores» de la izquierda «protegiendo terrenos ya construidos o la compra de aeropuertos [en referencia a la operación del aeródromo de Ciudad Real con la indemnización de Punta Pedrera] o, en cambio, construir nuevas escuelas o reducir las listas de espera de los hospitales». También apuntó si no habría sido más interesante invertir 18 millones en la compra del islote de s'Espalmador, en Formentera. «Hay muchas otras soluciones. Proteger no es esto», subrayó.
