El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado una diligencia de ordenación en la que da un plazo de diez días al Ayuntamiento de Sant Joan para que le informe sobre «las medidas adoptadas» para «el cumplimiento» de la sentencia que declaraba «válidas y eficaces» las ocho 'licencias exprés' (se tramitaron en apenas dos semanas) que concedió, en noviembre de 2007, para construir viviendas en Benirràs entre el anuncio y la aprobación de una moratoria por parte del Govern balear. Esta suspensión de licencias fue previa a la aprobación de la ley 4/2008 que desclasificó los terrenos de Benirràs, además de los de Punta Pedrera y Roca Llisa.
La diligencia ordenada por el tribunal da respuesta a la solicitud de ejecución forzosa de sentencia de la defensa de un grupo de 15 propietarios de Benirràs afectados por la ley 4/2008. En su escrito, los letrados Jaume Roig y Miguel Ángel Torres piden al TSJB que se requiera al Consistorio a que «levante la suspensión sobre la ejecución de las licencias que cuentan con proyecto de ejecución aprobado y, al mismo tiempo, la suspensión del plazo para presentar proyecto de ejecución de aquellas concedidas con proyecto básico». Esta solicitud se formalizó el pasado 10 de mayo. Hay que tener en cuenta que la sentencia que confirmaba la validez de las ocho 'licencias exprés' se dictó en mayo de 2015.
El abogado Jaume Roig explicó ayer a este diario que, desde que se dictó la sentencia, el Consistorio «se ha opuesto siempre» a la ejecución de las licencias, a la espera de que el tribunal les «obligue» a ello. El alcalde, Antoni Marí, Carraca, reconoció luego que el Ayuntamiento siempre ha mantenido que quería tener «la certeza jurídica» de que se podían hacer efectivos los permisos de obra. Que el tribunal sea «bien claro y contundente», al objeto de evitar «interpretaciones», agregó el primer edil de Sant Joan.
Marí dijo ayer que no tenía conocimiento del requerimiento del tribunal (se dictó el lunes) para que el Ayuntamiento informe de las medidas adoptadas para el cumplimiento de la sentencia.
Licencias por la vía rápida
Este diario reveló el 4 de noviembre de 2007 la intención del Govern balear de desclasificar el área urbana de Benirràs. Entre ese día y el 23, cuando se aprobó la moratoria, el Ayuntamiento otorgó (en tres juntas de gobierno, dos extraordinarias) por la vía rápida ocho licencias de obra para construir viviendas unifamiliares, dos de ellas con piscina. Dos licencias se tramitaron en sólo 24 horas. Estos dos proyectos fueron visados un día hábil antes de ser aprobados. En ese breve plazo de tiempo, el técnico municipal emitió sendos informes favorables.
El Consell denunció en Fiscalía la concesión de estas licencias, pero el caso fue archivado. Entonces, el alcalde dijo tener «la conciencia muy tranquila» ya que a él le «enseñaron que la Administración está para servir a los ciudadanos y que ésta debe trabajar de forma ágil y eficaz». «El Govern balear vela muy poco por el beneficio de los ciudadanos de este municipio. Nuestro deber es suplir esta carencia», dijo en diciembre de 2007, en rueda de prensa, después de que, una vez que la moratoria ya estaba en vigor, se tuvo que ordenar la paralización de unas obras en Benirràs.
La sentencia del TSJB rechazó el pago de una indemnización a los propietarios del resto de terrenos de Benirràs porque entonces, mayo de 2015, aún estaba en vigor la ley 2/2014 aprobada por el PP que «imponía» la incorporación de este ámbito como suelo urbano en el planeamiento urbanístico. Pero el Ayuntamiento no tuvo tiempo de culminar la aprobación de un plan especial para permitir la edificación de 31 viviendas antes de que el actual Govern balear derogase la normativa urbanística del PP y mantuviera la desclasificación de los terrenos.
Nueva reclamación judicial
Pese a que el abogado Jaume Roig explicó a este diario que mediante la ejecución de la sentencia del TSJB se podría desbloquear «el derecho» de sus defendidos a percibir una indemnización (el perito judicial la cifra en 70,3 millones), probablemente se iniciará una nueva reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Comunitat Autònoma.
El alcalde exime de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento en la desclasificación de los terrenos. «Hicimos lo que pudimos en todo momento para lograr un resultado justo y equilibrado», defiende Marí, al tiempo que recuerda que, sobre el plan especial tramitado la pasada legislatura para incorporar al planeamiento urbanística la condición urbana de esta área, se logró la aprobación inicial y después el procedimiento se alargó en la fase de consultas de otras administraciones. También dice que le «extraña» que la defensa de los propietarios «ponga en duda la actuación municipal». «Me sorprende mucho», añade.
