La Comunitat Autònoma deberá indemnizar con 65 millones de euros más intereses (unos 87 millones en total, según el cálculo de los propietarios afectados) a las dos sociedades propietarias de los terrenos de Punta Pedrera, en Sant Josep, protegidos mediante la ley 4/2008. El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación que presentó el Govern balear en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que condenaba a la Comunitat Autònoma a afrontar la cuantiosa indemnización y, que, por tanto, ha devenido firme. El Supremo ni siquiera ha entrado en el fondo de los argumentos esgrimidos por la defensa del Govern al considerar que no ha lugar al recurso.
Con esta resolución judicial, la factura que el Ejecutivo autónomo debe afrontar, sólo en Ibiza, por la aplicación de la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible supera de momento los 100 millones de euros. A los 87 millones, sumados los intereses, que se han de abonar por la protección de Punta Pedrera, se añaden otros 21 millones más intereses por el blindaje de Roca Llisa. Con la ley 4/2008 se evitó el desarrollo de urbanizaciones en parajes como Benirràs, Punta Pedrera o Roca Llisa, entre otras zonas de Balears.
La anulación de la licencia, en 2007, por parte del Ayuntamiento de Sant Josep para la construcción de 244 apartamentos en Punta Pedrera «no repercutió», según el TSJB, en la lesión que produjo la ley 4/2008 «sobre el derecho a edificar ni al deber de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados».
La sentencia condenaba a la Comunitat Autònoma a abonar 58,8 millones de euros a Punta de Ibiza, titular del 90,7% de los terrenos, y algo más de seis millones de euros a Mecron, como propietaria del 9,3% restante de las parcelas del sector 5.4 de Punta Pedrera. A esta cantidad se le deben sumar los intereses devengados desde mayo de 2009 por la desclasificación de los terrenos, que, según la propiedad, ascienden a 21,8 millones de euros.
Compra de un aeropuerto
Compra de un aeropuerto
Así lo ha hecho constar Ciudad Real International Airport S.L. (CRIA), de Rafael Gómez Arribas, propietario también de los terrenos de Punta Pedrera, en el escrito que remitió al juzgado por el litigio por la compra del aeropuerto de esta provincia.
CRIA es la adjudicataria provisional del aeródromo, pero tiene pendiente un pago de 53,4 millones (la deuda contraída por la anterior propietaria, que se encuentra en concurso de acreedores) para culminar la operación. Por ello, la empresa ha presentado en el juzgado la resolución del Tribunal Supremo por la cual la sentencia de Punta Pedrera deviene firme y cuya indemnización utilizará para cerrar la compra del aeropuerto.
El Juzgado de Primera Instancia número 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real emitió ayer una providencia en la que daba cuenta de la nueva situación, tras la documentación aportada por CRIA, y que abre la puerta a la resolución de la venta de las instalaciones aeroportuarias.
En la providencia, el magistrado apunta que la Comunitat Autònoma debe pagar 64,9 millones de euros más los intereses legales, «cuya cuantía nada desdeñable arrojan una cantidad de 21,8 millones de euros». Emplaza a las partes, entre ellas los acreedores de la anterior propietaria del aeropuerto, a que presenten alegaciones, si lo consideran, antes de hoy a las 15 horas sobre la propuesta de CRIA para saldar la deuda pendiente.
El magistrado también destaca que la Comunitat Autònoma, al ser una administración pública, «tendría cuatro meses para llevar a cabo el cumplimiento de la obligación de pago de la condena» o, en el caso de no contar con una partida para ello, «incluirlo en el presupuesto de 2019». En la providencia, el magistrado faculta a la administración concursal a arbitrar acuerdos con entidades financieras que permitan a los acreedores el cobro inmediato, con un porcentaje de descuento sobre la deuda por pronto pago.
El Govern asume que la protección de los terrenos afectados por la ley 4/2008 tienen un coste que se debe afrontar. De hecho, la propia ley prevía la constitución de un consorcio para negociar con los propietarios una compensación, pero dicho ente fue liquidado hace casi un año sin que registrara ningún tipo de actividad.
