El exconseller balear de Comercio y exlíder del PP de Ibiza, José Juan Cardona, que cumple 16 años de prisión en el centro penitenciario de Ibiza por liderar una trama que desvió más de cinco millones de euros públicos, ha solicitado en «tres o cuatro ocasiones» beneficiarse de un permiso penitenciario de fin de semana y, en todas ellas, le ha sido denegado, explicó ayer a este periódico el letrado José María Roig Vich, quien representa a Cardona en lo relativo a sus asuntos penitenciarios.

Roig Vich señaló que, por ley, los reclusos tienen derecho a beneficiarse de permisos de tres días al cumplir una cuarta parte de la condena, entre otros requisitos.

Cardona cumple el próximo día 30 cinco años en prisión, por lo que ya ha superado la cuarta parte de la condena. Precisamente, desde el momento en que se cumplió ese requisito, su letrado explicó que el exconseller solicitó la concesión de un primer permiso. La petición fue informada «favorablemente y por unanimidad» por los miembros de la junta de tratamiento del centro penitenciario de Ibiza, pero a pesar de ello, el juez de vigilancia penitenciaria lo rechazó.

El letrado no recuerda si la petición se ha presentado «en tres o en cuatro ocasiones», pero sí insiste en que siempre ha sido informada de forma favorable por la junta, cuyos miembros son quienes están en el día a día de la prisión y «ven los trabajos que hace, su conducta, su empeño en ayudar y en colaborar en todo lo que se le exige y con iniciativa propia, incluso».

Según Roig Vich, en varias ocasiones la decisión del juez se recurrió ante la Audiencia y la Sección Primera -que puntualiza que es «la misma que le juzgó» y que ha revocado una decisión similar con respecto a Maria Antònia Munar, a la que han otorgado tres días de permiso- también los ha denegado.

Los motivos para rechazar

Los motivos para rechazar

La lejanía de las fechas de cumplimiento [de la condena] y la gravedad delictiva, la falta de abono de la responsabilidad civil y no haber asumido su responsabilidad por los delitos cometidos son los principales motivos que esgrime la Audiencia Provincial en los tres autos dictados en marzo y mayo de 2018 en los que ratifica sendas decisiones del juez de vigilancia penitenciaria de denegar los permisos.

Roig Vich sostiene que la lejanía del cumplimiento de la condena no es un requisito recogido por la ley. Agrega que la responsabilidad civil «la viene pagando en lo poco que puede» al tiempo que «tiene sus bienes embargados y a disposición de la Audiencia Provincial». Y puntualiza que sí hay un «reconocimiento implícito» de su responsabilidad en el momento «en que paga y ha dado orden al banco para que los ingresos que vaya teniendo los transfiera a la cuenta de consignaciones de la Audiencia». «Además de que esto no es un requisito que exija le ley», insiste y reitera el informe positivo obtenido siempre desde Ibiza.

Sin embargo, ya en sus autos la Audiencia destaca que el hecho de cumplir los requisitos que marca la ley para autorizar los permisos «no determinan automáticamente» su autorización. E incide en que «los presupuestos citados por la junta de tratamiento para la concesión del permiso no suponen la resocialización del penado».

«Reiteramos el carácter prematuro del permiso propuesto por la junta de tratamiento», afirma el tribunal, quien hace hincapié en su auto del 2 de mayo de 2018 en la «nula asunción de responsabilidad» de Cardona, que se considera «víctima de las acciones de sus subordinados». «Este es un factor que en modo alguno puede despreciarse cuando está muy lejana la fecha de cumplimiento de la condena», dice y señala que «difícilmente el permiso puede servir de ensayo para una vida en semilibertad respetando las normas sociales si el interno no asume que haya infringido norma alguna, por muy buena conducta que mantenga».

Ante la última negativa a autorizar el permiso, Roig Vich apuntó que ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional al considerarlo «totalmente irregular».

La pena más elevada

La pena más elevada

El exconseller del Govern de Jaume Matas ingresó en el centro penitenciario de Ibiza el 30 de julio de 2013, después de que la Audiencia Provincial le declarara culpable de asociación ilícita, malversación de caudales públicos y cohecho y le impusiera una condena de 16 años de cárcel, la más elevada impuesta a un político de Balears juzgado por corrupción.

En la sentencia del 'caso Scala' -que se juzgó entre abril y mayo de 2013-, el tribunal estimó probado que Cardona, el exdirector general de Promoción Industrial Kurt Viane y la exsecretaria del Consorcio de Desarrollo Económico de Balears, Antònia Ordinas, montaron una trama de comisiones ilegales a través del consorcio, que fue creado teóricamente para promocionar los productos de las islas.

«Idearon» y «planificaron»

«Idearon» y «planificaron»

Según el tribunal, los tres altos directivos «idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron» las decisiones necesarias para enriquecerse con el dinero público que administraban a través de sus cargos, objetivo que lograron debido a la falta de control administrativo y financiero que existía sobre los fondos económicos.

El tribunal calculó que el perjuicio económico sufrido por el Govern, que ejerció la acusación particular contra Cardona, era de alrededor de ocho millones de euros.

Tanto Viane como Ordinas confesaron los delitos en el juicio, que sentó en el banquillo a 17 personas, e implicaron a Cardona en sus declaraciones. El ex líder del PP de Ibiza, por su parte, defendió su inocencia y, tras ser condenado, recurrió ante Tribunal Supremo, que desestimó sus pretensiones.