Son las dos de la madrugada y en un primer piso de la calle Mediterrània de Vila hay fiesta. Un grupo de uruguayos (y uruguayas) hablan a gritos y tienen la música puesta. Al otro lado de la pared, una sufrida vecina intenta dormir. Está desquiciada. No es la primera ni la segunda ni la tercera noche que pasa casi en blanco. Desde la última semana de mayo es lo habitual.

La propietaria lleva años alquilando el piso por días a turistas. Una tortura constante. Se lo han dicho en varias ocasiones, pero el dineral que le reporta echar a sus inquilinos de invierno para acoger a un grupo de turistas tras otro durante el verano disipa todos los reparos. Duerme la mar de tranquila, a diferencia de sus vecinos. Éstos llevan años denunciando la situación. A la Policía primero, hasta que se hartaron de que casi nunca acudiera. Y al Consell después, cuando habilitó un correo para denunciar estos casos. De momento, ahí sigue el negocio, renovando las pandas de turistas cada cuatro días. Antes las estancias eran más largas. Diez días, una semana. Montaban escándalo los primeros días, luego se tranquilizaban. Ahora entran nuevos cada cuatro días. Sin tiempo para cansarse. Ni para bajar de revoluciones. Además, debido a los elevados precios de las viviendas, el número de ocupantes se dispara para reducir el coste por persona. Hace dos semanas, en un piso de dos habitaciones de la calle Mediterrània de Platja d'en Bossa estaban alojadas hasta diez personas.

Quien les entrega las llaves y hace el check-in no es la propietaria. Es un chico joven y dicharachero que pasa el verano gestionando la entrada y salida de turistas de multitud de alquileres. En ningún momento les explica a los breves inquilinos que se trata de una urbanización residencial y que procuren mantener las mínimas normas de educación y civismo, que respeten el sueño de los vecinos, que no dejen las bolsas de basura en la puerta esperando que el espíritu santo las recoja, que no tiren las latas de cerveza a las terrazas vecinas, que no salten la valla exterior, que no llamen enloquecidos a todos los porteros a las tantas de la madrugada cuando vuelvan de fiesta y no sepan cuál es el piso en el que se alojan... Mucho menos que se trata de un alquiler ilegal.

Turistas «sin mala fe»

El director insular de Turismo, Vicent Torres, Benet, señala que al correo que habilitaron para denunciar estas situaciones les han llegado muchas quejas de quienes sufren el alquiler ilegal. Y no sólo eso: «Llega cada cosa... Hasta conflictos vecinales que no tienen nada que ver con eso». Intentan, al menos, contestar a todos ellos reclamando a los denunciantes la información necesaria: anuncios del alquiler, datos de los propietarios...

El director insular no cree que los turistas alquilen estas viviendas «de mala fe», sino por desconocimiento. «Ven una oferta y la cogen, sin plantearse nada», indica Torres, que destaca que confían en que las batidas no sólo serán efectivas por el miedo de los propietarios a la multa sino también por las quejas y malos comentarios de los inquilinos en las plataformas. Recibir, durante las vacaciones, la visita de un policía que les obliga a identificarse y explicar qué hacen alojándose en una vivienda no es plato de gusto.

En las batidas se obliga a todos los que se encuentran en ese momento en el piso a mostrar sus carnés de identidad o pasaportes: «Por esto, a la hora de la sanción, no hay alegaciones que valgan, porque tenemos los datos de quienes estaban alojados en ese piso en esa fecha». Es probable, indica Benet, que si comentan esto en las valoraciones públicas de las plataformas otros posibles clientes se asusten y busquen otras opciones.

El director insular reconoce que aún falta por sumar a las batidas a la Agencia Tributaria, que investigaría fiscalmente a los propietarios. «Para luchar contra esto tenemos que ir todos a una, actuar todas las administraciones de forma coordinada», comenta Benet, que espera que se sume en breve a la actuación conjunta contra el alquiler turístico. De esta forma, los propietarios que alquilen sus pisos en verano, además de la multa del Consell, tendrían que asumir también la más que probable sanción de Hacienda. Esto, insiste Torres, haría desistir a muchos.

Algunos de los vecinos, a pesar de esto, se muestran escépticos sobre la efectividad de las medidas anunciadas por el Consell de Ibiza. «Esto es una plaga. No lo para ni Dios», comenta un residente de la avenida 8 d'Agost. Sufridor de fiestas terraceras y constante ruido de maletas sobre la acera.