La desaladora de Santa Eulària ha empezado a funcionar, con una producción de 5.000 metros cúbicos diarios, un tercio de su capacidad máxima, siete años y siete meses después de que finalizaran las obras de su construcción. El gerente de la Agencia Balear del Agua (Abaqua), dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente, Antoni Garcias, confirmó ayer a este diario que la nueva desaladora ya inyecta agua al depósito de Santa Gertrudis, desde donde se distribuye, a través del sistema de interconexión de las tres plantas de la isla, a las redes de Sant Josep, Vila y Sant Antoni.
Garcias asegura que se ha tomado «la decisión» de poner en marcha ya la planta para reducir la presión de la de Sant Antoni, que ahora, con el aporte de agua de Santa Eulària, no funciona al cien por cien de su capacidad, aunque le falta poco. En cambio, la desaladora de Vila sí produce el caudal máximo que permiten sus instalaciones. De hecho, destaca Garcias, la producción de esta planta no es suficiente para cubrir, en verano, la demanda del municipio, por lo que se precisa de la aportación de la de Sant Antoni.
«Demostrar que funciona»
El gerente de Abaqua también asegura que se ha puesto en marcha la desaladora de Santa Eulària para «demostrar que funciona». «Parecía que la gente no se lo creía», justifica. Precisamente, Garcias sostiene que el sistema de interconexión también está listo. Sólo falta una conexión eléctrica para conducir el agua hacia la zona de Sant Joan, pero ya se ha comprado un generador eléctrico para no retrasar más el suministro a esta parte de la isla. «En el momento en que el Ayuntamiento de Sant Joan nos pida agua desalada, ya estamos en disposición de suministrarla», destaca Garcias, que recuerda que Sant Joan es el único municipio, además, que ya ha aprobado en un pleno el nuevo convenio que regula los caudales y los costes del agua desalada.
La conexión del sistema que une las tres desaladoras con el núcleo urbano de Sant Josep y de ahí a es Cubells y a la costa de poniente del municipio está pendiente de las obras de una canalización que está ejecutando el Ayuntamiento. El equipo de gobierno había previsto, inicialmente, que a finales del año pasado esta obra pudiera estar lista, pero luego se retrasó a marzo. Sin embargo, la falta de previsión de un sistema de bombeo (el proyecto que redactó el Ministerio no lo contempló) retrasará aún más la finalización de la obra hasta finales del año.
Suministro a Santa Eulària
En el caso de Santa Eulària, tal como publicó este diario hace unos días, la canalización para conducir el agua a la zona norte del municipio (es Canar, Sant Carles, Cala Llenya, La Joya y es Figueral) está acabada, pero aún falta completar las pruebas para obtener la autorización de Sanidad. Lo mismo sucede con la conexión con la urbanización de Roca Llisa.
Estas áreas, junto a Santa Gertrudis, son las prioritarias ya que el agua que se consume no cumple los parámetros que exige la normativa, por exceso de sal o sulfatos. El concejal de Urbanismo, Mariano Juan, indicó hace unos días que confía en que este mismo verano, sin concretar cuándo, se podrá abastecer a estos núcleos de población con agua desalada. En el caso de Santa Gertrudis será inminente, según las fuentes consultadas. Se están haciendo pruebas ya, con la idea de que en una semana se pueda inyectar agua desalada al depósito municipal que nutre la red de esta localidad.
La desaladora de Santa Eulària supone un coste mensual de 37.000 euros en el mantenimiento de sus instalaciones, según explica Garcias en un artículo que publica hoy este diario (ver página 18).
La construcción y puesta en marcha de la desaladora ha sufrido multitud de vicisitudes. En febrero de 2003 salió a licitación la obra y se adjudicó dos años y siete meses después (septiembre de 2005). En junio de 2006 arrancaron las obras, con un plazo de ejecución de 21 meses, pero se acabó 92 meses después, en noviembre de 2011. Sin embargo, pese a los anuncios de diversas fechas para la puesta en marcha de la planta, el Govern balear se negó a recepcionar la obra para no asumir un sobrecoste de 19 millones de euros. Finalmente, a finales de 2015, el Gobierno resolvió el contrato con la UTE formada por Aqualia y Servicios y Procesos Ambientales con el pago de 25,6 millones, cantidad que ahora reclama a la Comunitat Autònoma.
