Los empresarios del sector del lujo de Ibiza han denunciado hoy el incremento "exponencial" de los servicios ilegales en la isla, un aumento que calculan en un 20 por ciento.
La denuncia proviene de un total de 46 empresas de servicios de la isla, agrupadas en Ibiza Luxury Destination (ILD) un Club de Producto amparado en Fomento del Turismo de Ibiza.
Según alertan en un comunicado, las empresas de alojamiento, náutica, transporte, belleza y salud, entre otras, se están viendo afectadas por la oferta ilegal.
En este marco, han constatado con un encuesta interna que "a pesar del aumento de turistas esta temporada con respecto a 2016, la ocupación hotelera en alojamientos reglados está siendo menor debido al intrusismo".
El presidente de la agrupación, José Luis Benítez, ha asegurado que "estas actividades suponen un descontrol, proliferan a sus anchas sin impedimentos y, lo que es peor, atentan contra nuestra imagen de calidad y seguridad".
"El principal problema es cómo acabar con este tipo de servicios que no cumplen la ley, ya que por desgracia la administración no tiene herramientas suficientes para erradicarlos y el daño que están haciendo a Ibiza puede ser letal, al traducirse en un desencanto del visitante y en un efecto huida de viajeros de todo el mundo", ha advertido Benítez.
En el mismo sentido se pronuncian propietarios de diferentes hoteles, que recuerdan que la oferta reglada "cumple en un 100 por ciento con los servicios de calidad, seguridad y garantías que demandan los turistas en la isla frente a la oferta ilegal que no cumple con las expectativas del turista".
Desde la agrupación explican que los agroturismos y villas que cumplen la Ley Turística advierten de que "este problema perjudica a la imagen del sector". Según detallan, cada vez les llaman más clientes "que se han quedado tirados porque han hecho un primer pago y nadie les coge el teléfono después a través páginas web fraudulentas que desaparecen tras haber realizado el robo, y resurgen con un nuevo dominio".
Mala imagen para la isla
Mala imagen para la islaPara Benítez, estos hechos se traducen "en el peor marketing posible para isla, del mismo modo que las noticias sobre el problema de la vivienda en Ibiza, de los pisos patera y de la masificación de la isla".
"Lo cierto es que estamos en niveles de ocupación más bajos que otros años y con previsiones de agosto peores por estas circunstancias", señala.
Las empresas de catering explican que el problema en su sector es que estos servicios ilegales, al no pagar impuestos, "bajan mucho los precios, pero también los controles de seguridad y trazabilidad alimentarios".
También subrayan que la difusión de medios internacionales alertando sobre la precariedad social de Ibiza "está afectando mucho a los establecimientos reglados en la isla".
Por su parte, los establecimientos de estética y de medicina de la agrupación afirman que "existen muchos médicos que aplican toxina botulínica en domicilios o espacios no legalizados y que incluso está habiendo enfermeras que aplican tratamientos inyectables que solo pueden realizar médicos especializados o expertos".
En esta línea, lamentan que las administraciones "no estén persiguiendo estas prácticas y solicitan que "se aumenten las penalizaciones".
La agrupación denuncia también el intrusismo en el transporte. "Las empresas legales con licencia representamos el 15 por ciento aproximadamente del total de vehículos que hay en la isla, el resto son ilegales o legales, pero solo para trabajar en la Península", aseguran desde el sector.
Concretamente, los empresarios de alquiler de coches aseguran que no están satisfechos "con el reporte económico" de este año, mientras los gastos y los costes "siguen siendo los mismos".
Además, recuerdan "que han tenido que garantizar el máximo de meses de contrato a la plantilla de conductores para evitar su marcha", añaden desde la agrupación.
Desde el sector náutico señalan que "en el momento en el que el Govern balear permite organizar expediciones, paseos o inmersiones únicamente con el requisito de presentar una declaración responsable, en la que afirman cumplir con la normativa, la picaresca entra acción acuciada por la falta de controles".
Los 46 socios de ILD sostienen que "no solo está en peligro la calidad de los servicios que se ofrece al turista sino el conjunto de la economía de la isla, cuyos principales ingresos provienen del turismo".
