La Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA) ha decidido proponer la declaración estratégica favorable a la norma territorial cautelar por la que se aprueba la moratoria en suelo rústico y protegido acordada por el Consell de Ibiza. En concreto, a lo largo de las cinco hojas que ocupa el informe que publica el Butlletí Oficial de la Comunitat en su edición de ayer, se valora el efecto «positivo» que tendrán los ocho artículos de la norma para evitar la «urbanización diseminada» del medio rural de la isla.
Si acaso, sólo se introduce una «recomendación» para que en el artículo quinto de esta norma «se haga referencia al mapa de las zonas de alto riesgo de incendio (ZAR)» que figuran en el Plan de Defensa contra los incendios forestales de Balears, al estar más actualizado que las Áreas de Prevención de Riesgos que se mencionan en el Plan Territorial Insular (PTI) actualmente en vigor en Ibiza.
Por lo demás, el dictamen firmado por el presidente de la CBMA, Antoni Alorda, argumenta que las medidas «provisionales» que se adoptan pretenden asegurar «la viabilidad y efectividad» de la modificación del PTI.
Destaca que la norma busca «reducir la presión edificatoria y la especulación existente sobre el suelo rústico», y, a la vez, «mitigar el impacto de las viviendas de grandes proporciones». En cuanto a la aplicación retroactiva de la prohibición de edificar en fincas segregadas, resalta que se persigue «dar seguridad jurídica y a la vez evitar especulaciones», por lo que observa la salvedad que se hace de los casos en que la segregación «se haga por título hereditario».
Por otra parte, destaca los esfuerzos por introducir medidas «de integración paisajística y ambiental» con la limitación de la altura de los cerramientos, para que no impidan el paso de la fauna, lo que tendrá «un efecto significativamente positivo». Asimismo, valora la prohibición de construir nuevas viviendas en suelo con protección comunitaria o en aquellos donde no son tradicionales las viviendas, como los bosques. Ello tendrá «una disminución significativa del riesgo» de fuego, causado en su mayoría por la actividad humana.
Menos negocio para el ladrillo
Menos negocio para el ladrillo
Aunque admite que a corto plazo, limitar el desarrollo urbanístico puede tener «un impacto negativo sobre el medio socioeconómico», a más largo plazo supondrá «establecer principios de sostenibilidad». Ello compensado, también, por la excepción de las fincas heredadas.
La CBMA menciona las objeciones de los ayuntamientos de Sant Joan y Santa Eulària, coincidentes en varios puntos, aunque no los tiene en cuenta en su pronunciamiento. La Villa del Río critica la redacción de la mayoría de puntos y la falta de motivación para aprobar la norma cautelar. En su informe, Sant Joan se considera discriminado por ser el de mayor territorio protegido. También reclama un «régimen especial» por esta circunstancia.
