El grupo de Podemos-Guanyem, con el apoyo de cara a la galería del PSOE, escenificó ayer en el pleno del Consell su malestar por la negativa del Govern balear a aprobar una moratoria, exclusiva para Ibiza, que deje en suspenso la concesión de nuevas licencias de alojamiento turístico en suelo rústico (alquiler de viviendas vacacionales, fundamentalmente) hasta que se apruebe la modificación de la ley de Turismo que se tramita actualmente en el Parlament.
Desde hace varias semanas, Podemos-Guanyem ha realizado infructuosamente gestiones para tratar de cerrar un acuerdo con el Ejecutivo autónomo (incluso a través del grupo parlamentario de Podemos Balears). La vicepresidenta y portavoz de Podemos-Guanyem, Viviana de Sans, ha contactado con su homólogo en el Govern y titular del área de Turismo, Biel Barceló, pero no ha habido manera de cerrar un acuerdo.
Ante esta situación, Podemos-Guanyem optó por dejar patente públicamente su posición y presentó una moción en el pleno, aprobada con el apoyo sólo del PSOE, para reclamar al Govern que decrete esta norma cautelar, aunque, en realidad, y a la vista de la respuesta de Barceló, no tendrá ningún efecto práctico.
Casi 19.000 plazas en el campo
Casi 19.000 plazas en el campo
El Govern sustenta su negativa en «la dificultad» que supone sacar una norma cautelar sólo para Ibiza, según De Sans, al tiempo que justifica también que el tiempo que requeriría la aprobación de la noma cautelar sería casi el mismo que el de la culminación de la tramitación de la ley, «con poco más de un mes de diferencia».
En Ibiza hay 18.756 plazas turísticas en rústico (en 2.430 casas). De Sans, que defendió la propuesta en el pleno, advirtió de que el Govern anunció en la presentación del anteproyecto de la modificación de la ley turística «una posible restricción en suelo rústico protegido (lo regularán los consells y ayuntamientos)», lo que provocó que «se hayan disparado las solicitudes de autorizaciones». Por ello, Podemos-Guanyem considera imprescindible que, paralelamente a la tramitación de la ley, se decrete una moratoria.
El conseller del PP Vicent Roig advirtió de que el Consell es quien ostenta las competencias de ordenación turística y de territorio y que, por tanto, la moratoria que ahora exige al Govern la podría haber incluido en la que aprobó a finales del año pasado para llevar a cabo una modificación puntual del Plan Territorial Insular (PTI).
Podemos coincide con el PP
Podemos coincide con el PP
«Coincido absolutamente con usted en que la modificación del PTI debía ser más profunda y regular también el uso turístico en suelo rústico. Pero salió como salió», se vio forzada a decir De Sans, en alusión a las diferencias con el PSOE, su socio de gobierno, sobre este punto. La vicepresidenta recordó que cuando se aprobó la moratoria del PTI ya dijo que «faltaba esta pata» e insistió en que «la situación de emergencia residencial que sufre Ibiza es inaceptable». «Estamos sobresaturados de turistas y no tenemos casas para nuestra gente. No parar esta sangría representa un claro desistimiento de funciones por parte de las instituciones responsables», subrayó.
La vicepresidenta niega que haya habido un desencuentro con el PSOE sobre esta propuesta, pero destacó que le hubiera gustado «poderla haber retirado» porque eso habría querido decir que los socios de gobierno habían «convencido al Govern, que es del mismo partido», para aprobar la norma cautelar. De Sans indicó que el PSOE también ha participado de las gestiones con el Govern para tratar de lograr un acuerdo.
La vicepresidenta segunda y portavoz del grupo del PSOE, Marta Díaz, argumentó en el pleno que coincide con Podemos-Guanyem en que hay que «frenar la presión turística», pero entiende que hay que esperar a que se apruebe la nueva ley turística que permitirá que «el Consell delimite qué zonas son aptas para la comercialización de estancias turísticas en viviendas». Así, el PSOE negoció con Podemos-Guanyem la inclusión de otro punto para instar al Govern a que solicite al Parlament que tramite «por la vía de urgencia» dicha ley para avanzar cuanto antes la suspensión de autorizaciones prevista en la citada normativa.
Hubo acuerdo, no así en la inclusión de otro punto, a propuesta del PP, en el sentido de que el Consell elabore con urgencia un reglamento que prohíba expresamente el alquiler turístico en edificios plurifamiliares y, en cuanto a las unifamiliares, se obligue a las empresas comercializadoras a que, en sus webs, informen del número de registro de la licencia turística.
