­Los alcaldes de Sant Josep y de Sant Antoni, Josep Marí Ribas, Agustinet, y Josep Tur, Cires, negaron ayer la «dejadez de funciones» y que favorezcan a los beach clubs en sus declaraciones en calidad de investigados ante la jueza titular del Juzgado número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, por una querella interpuesta por Es Paradís y Privilege. Las sociedades que explotan estas discotecas, Aguileal SL y Cafecer SL, respectivamente, acusan a ambos cargos públicos por omisión de su deber de perseguir delitos.

En concreto, Aguileal SL y Cafecer SL denuncian en su querella la «dejación intencionada» de ambos alcaldes en el control de ruido de otros locales de ocio. En las diligencias previas de este procedimiento, Agustinet y Cires defendieron ayer por la mañana ante la jueza su inocencia y aportaron documentación para demostrar que se persigue a los que incumplen las ordenanzas en el municipio, «independientemente del tipo de negocio del que se trate».

Tras prestar declaraciones ante la jueza, ambos afirmaron ante los medios de comunicación que esta acción penal tendrá «poco recorrido».

«Esta querella no tiene sentido. Mientras yo he sido alcalde, el Ayuntamiento de Sant Josep ha emprendido muchísimas actuaciones, por lo que no se nos puede acusar de no haber hecho nada contra determinados locales», señaló Agustinet a la salida de los Juzgados. Además, para avalar sus declaraciones, destacó que ha aportado «más de 200 expedientes tramitados durante estos dos últimos años con interposición de sanciones». «Decir que no se actúa contra el ruido es un absurdo que sólo responde a intereses que deberían explicar los que interponen esta demanda contra un alcalde por vía penal. No tiene sentido», insistió el alcalde del Consistorio de Sant Josep.

Cires, por su parte, remarcó que en sus declaraciones ante el Juzgado número 1 «ha quedado claro» el compromiso de su equipo de Gobierno para hacer cumplir las ordenanzas. «Como alcalde, no soy tan importante como para influir en una guerra comercial entre diferentes locales de ocio. Nosotros lo que queremos es que todos los negocios cumplan la ley».

Por ello, consideró que las acusaciones contra el alcalde de Sant Josep y contra él «no tienen base». «Los denunciantes pretenden trasladar a los alcaldes unos problemas que no dependen de nosotros», opinó Cires.

«Dejación intencionada»

Privilege y Es Paradís presentaron el 26 de septiembre de 2016 una querella en el Juzgado de guardia contra los alcaldes de Sant Antoni y de Sant Josep. Las sociedades que explotan estas discotecas interpusieron una acción penal contra ellos por «permitir e incluso alentar con su actitud la eclosión y mantenimiento de una nueva oferta de ocio (hoteles-discoteca, beach clubs...) atractiva para un determinado público objetivo porque permite disfrutar de la música a elevado volumen a todas horas del día y en espacios abiertos e, incluso, de dominio público».

La querella considera que esta actuación supone una «dejación intencionada de promover la persecución de los delitos de que tengan noticia», tipificada en el artículo 408 del Código Penal.

Los representantes de Privilege y Es Paradís entienden que «un alcalde debe saber qué ocurre en su municipio cuando ello es público y notorio y, para más inri, se oye prácticamente en todo el territorio municipal». Según se indica en la denuncia, que aporta informes sonométricos y de un detective privado centrados exclusivamente en el hotel Ushuaïa, en Platja d´en Bossa, «los alcaldes contra los que se dirige la acción han sido requeridos para hacer cumplir la normativa, incluidas sus propias ordenanzas municipales, en materia de contaminación acústica».