Se escucharon críticas al oportunismo del PP por parte de la oposición. También atacaron al alcalde, Vicent Marí, por una medida «que busca los titulares» y nace sin medios para hacerla respetar. Pero ni PSOE ni Guanyem se opusieron ayer en el último pleno del año a introducir en las Normas Subsidiarias (NNSS) una prohibición expresa del alquiler turístico en los edificios plurifamiliares, una especie de vacuna preventiva ante la posible modificación de la ley turística que promueve el Govern para regularlos.

El concejal de Urbanismo, Mariano Juan, advirtió de que los cambios que promueve el Govern «amenazan el modelo turístico y el crecimiento sostenible» en Ibiza. También criticó como «un hecho insólito» que el Ejecutivo traslade a los ayuntamientos, «y lo más grave, a las comunidades de vecinos», la decisión de si quieren o no este tipo de pisos en su escalera. Juan añadió los problemas de convivencia que causa mezclar trabajadores y turistas, además de que «dispara de forma desorbitada» el precio de los alquileres y complica el acceso a la vivienda para los residentes.

Perseguir las ilegalidades

Perseguir las ilegalidades«La solución no pasa por legalizar algo que hoy no está permitido, sino por perseguirlo y sancionarlo», insistió el alcalde, Vicent Marí, que lamentó que en esto el presidente del Consell, Vicent Torres, «no defienda a los municipios de la isla», cuando todos rechazan los alquileres turísticos.

La objeción más repetida por el PSOE fue, precisamente, la oportunidad del cambio cuando la ley está todavía en fase de alegaciones y aún no se sabe cómo quedará. Para el portavoz socialista, Vicent Torres, Benet, el momento para oponerse al alquiler turístico de pisos vendrá «más adelante», cuando el Consell lo plantee a los ayuntamientos. Incluso adelantó que el voto del grupo será entonces «contrario» a la medida, con el resto del pleno. También dudó de la competencia del Ayuntamiento para regular usos turísticos: «Tendrá una efectividad cero», pronosticó sobre la modificación.

Benet se decantó por la abstención y también lanzó alguna advertencia, ya que dijo que, tal como se plantea la modificación, no está claro qué pasará con los pisos en suelo residencial turístico, las urbanizaciones de segundas residencias que sí amparan las NNSS. Según sostuvo, en estas zonas «se concentra el problema» del alquiler turístico en el municipio.

Contra la revisión de la LAU

Contra la revisión de la LAUTambién calificó de contradicción que el equipo de gobierno defina el alquiler turístico como el arrendamiento un mínimo de dos veces al año de una vivienda por periodos de menos de 31 días, cuando se opuso a la petición socialista de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que no se amparasen en ella los propietarios de pisos turísticos.

Desde Guanyem se alinearon con el PP a la hora de esgrimir sus competencias en materia de urbanismo para tomar medidas contra unas prácticas que están «descontroladas» en toda la isla. Apoyaron la propuesta a pesar de que su portavoz, Óscar Rodríguez, la calificó de «brindis al sol» porque nace sin los inspectores que permitan perseguir a los infractores.

También advirtió de que el problema «viene de largo, a pesar de la amnesia selectiva del PP», y recordó que los precios del alquiler se han disparado «porque todo negocio especulativo tiende a la burbuja». Recordó que los alquileres turísticos ya están prohibidos y no se ha conseguido «acabar con ellos». También reclamó que el veto se extienda a las viviendas unifamiliares: «Tenemos 6.000 problemas pendientes de legalizar», dijo, en referencia a las viviendas del municipio que se ofrecen en Internet.

Tras la aprobación inicial de la modificación y su publicación en el BOIB, habrá un mes para presentar alegaciones antes de que su aprobación sea definitiva.