Las Plataformas de Afectados por las Hipotecas en Mallorca, Menorca e Ibiza consideran que el borrador del Govern de la nueva Ley de Vivienda Baleares es "sólo un compendio de buenas intenciones, que ni tan solo llega a pretender ser un conjunto de medidas que garanticen unos mínimos relativos al derecho a una vivienda digna".

En un comunicado conjunto, estas plataformas afirman que "el alcance" del borrador es "tan limitado que no llega a ser una ley de medidas urgentes encaminada a afrontar la realidad de la situación de emergencia habitacional que se da en nuestra comunidad autónoma".

Durante la redacción de esta ley, consideraron que era y es necesario" desarrollar unos mínimos que dieran contexto y fundamento a una serie de medidas de "emergencia habitacional" que la PAH presentó en noviembre de 2015 en el Parlamento balear.

Texto "descafeinado"

Aunque en una primera etapa del redactado del presente borrador se incluyeron estas medidas de emergencia, recogidas en las leyes de Cataluña, Navarra, País Vasco y Aragón, las revisiones posteriores han "mutilado" la parte de garantía de una vivienda digna y ha dejado un texto "descafeinado sin un alcance real de lo que significa la Garantía del Derecho a una Vivienda Digna".

En este sentido, afirman que son "preocupantes" las palabras de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que ha repetido en varias ocasiones referidas al término "alquiler social", cuando en la ley "estas dos palabras conjuntamente no constan ninguna vez".

Además, las declaraciones de que la ley evitará los cortes de suministros "no son del todo ciertas" ya que no se especifica tal medida en ninguna parte del texto, ni existe un principio de precaución que obligue a las suministradoras a informar a los servicios sociales antes de efectuar un corte.

"Todo ello refuerza la sensación de que se ha elaborado una ley que suena bien, pero que no pasa de ser, en gran parte, un texto carente de contenido real, ni de peso ejecutivo para garantizar el Derecho a una Vivienda Digna", afirman estas plataformas.

El "anacronismo" de la ley se concreta en la falta de ayudas y de compromiso en los desahucios de alquiler, que suponen más del 65 % con respecto al 2016, según datos del CGPJ, y que se están incrementando.

Además, la ley "evita hablar" de los casos de personas sin recursos y en situaciones de exclusión social que se han visto obligadas a ocupar viviendas vacías por la falta de recursos institucionales.