El Consell Executiu, reunido esta mañana de manera extraordinaria y urgente, ha acordado elevar al próximo Pleno de la institución la aprobación inicial de la norma territorial cautelar para la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza (PTI) que limita la construcción en suelo rústico.
La propuesta se elevará para su debate y votación en el pleno ordinario del próximo 25 de noviembre y será de aplicación a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo en el BOIB, según informa el órgano insular en un comunicado.
La propuesta incluye un total de ocho artículos que alcanzan medidas referidas a la edificabilidad en suelo rústico, las segregaciones, la construcción de zonas protegidas y de riesgo y las medidas de integración paisajística.
También incluye una disposición transitoria que establece que las determinaciones cautelares no serán de aplicación a las solicitudes de licencia urbanística de edificación que cuenten con la documentación completa y respecto de las cuales al tiempo de entrada en vigor de aquellas hubiera transcurrido ya el plazo máximo legal para resolver el correspondiente procedimiento administrativo y que las solicitudes de licencia urbanística de edificación en tramitación, que resulten afectadas por la norma, podrán continuar con su tramitación si adaptan el correspondiente proyecto al previsto a la misma.Entrada en vigor
Esta norma tendrá efectos legales a partir de su aprobación inicial, con la correspondiente publicación en el BOIB y, desde entonces, regirá durante un plazo máximo de tres años, o hasta la aprobación inicial de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza (PTI) si esta se produce antes de agotarse el plazo mencionado.
"Esta norma presenta todo un conjunto de efectos positivos, especialmente relevantes sobre el paisaje, vegetación y fauna, y riesgo de incendios forestales", señalan desde el Consell.
La norma puede determinar así el mantenimiento de la integridad ecológica del conjunto de los espacios naturales que conforman la Red Natura 2000, dando cumplimiento a aquello que obliga la Comunidad Europea.
A la vez , "puede contribuir de manera decisiva a la recuperación del principal recurso necesario para el mantenimiento tanto de la realidad ambiental como de la actividad económica y social de la isla, como son las reservas hídricas", concluyen.
