La campaña de control emprendida por el Consell desde antes del verano para combatir el alquiler ilegal de pisos turísticos se ha saldado con modestos resultados, según se desprende de las cifras facilitadas por el equipo de gobierno. Los funcionarios del Consell de Ibiza detectaron durante el mes de abril unos 3.500 alojamientos susceptibles de incumplir la normativa turística, rastreando para ello tanto los portales de internet como lugares concretos de la isla. En junio esta cifra se rebajó a 2.500 y en agosto se detectaron 2.000 casos. De todos ellos, y después de que los seis celadores que tiene el Consell realizaran 300 inspecciones, se terminaron abriendo unos 100 expedientes sancionadores contra estas viviendas, que ahora deberán ser resueltos para saber cuántos de ellos terminan en multas.

En el acto de apertura del II Congreso de Viviendas Turísticas que organizó la Pimeef el viernes, el presidente del Consell alabó el hecho de que en agosto sólo se hubieran detectado 2.000 pisos potencialmente ilegales frente a los 3.5000 que habían detectado en abril. «Una reducción de casi el 60%», que atribuyó esta bajada de la oferta ilegal en plataformas digitales al inicio de la campaña contra el intrusismo, que arrancó en mayo.

Instrucción lenta

Torres admitió ayer que «el proceso de instrucción de los expedientes es largo». «Hemos de revisar la ley para que se pueda hacer más rápido», añadió. También explicó el caso de Cataluña, donde se imponen las multas de forma automática en cuanto se descubre un alquiler ilegal y se ofrece al propietario una rebaja sustancial si la paga en un plazo breve de tiempo.