El Ministerio de Medio Ambiente ha archivado el proyecto de prospecciones petrolíferas de Services Petroliers Schlumberger en el Golfo de León, después de que la empresa no haya presentado la documentación requerida para su tramitación, anunció el coordinador del secretariado técnico de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, ayer en rueda de prensa.
«Estamos muy satisfechos. Nos quitamos de encima este proyecto, el segundo de los que hemos tenido en esta zona amenazando el medio ambiente y la economía» del archipiélago y del Mediterráneo, subrayó Bravo, que reconoció que este proyecto les preocupaba «muchísimo», pues, señaló, se habían producido intentos de tramitarlo «de forma irregular», a su juicio para no «sacarlo a información pública» y evitar que ciudadanía, organismos e instituciones tuvieran «oportunidad de mostrar su oposición».
El proyecto se empezó a tramitar en 2011, cuando se aplicaba todavía la anterior ley de evaluación ambiental, indicó Bravo, y había tenido «pronunciamientos en contra» por parte de las instituciones, aunque no de la Alianza Mar Blava, que no existía entonces.
En enero de 2014, este colectivo informó de que el Ministerio de Medio Ambiente archivó el proyecto tras expirar el plazo de 18 meses que la promotora tenía para presentar toda la información pública. «Celebramos el archivo porque el proyecto iba muy avanzado y estaba a punto de tener la declaración de impacto ambiental», comentó Bravo. Sin embargo, el promotor lo recurrió y solicitó paralelamente que se tramitara con la nueva ley de impacto ambiental aprobada en diciembre de 2013, que es «más favorecedora de los trámites para el promotor», agregó.
Entonces, relató, el Ministerio cometió «el error de tramitar el mismo proyecto bajo dos expedientes distintos» y con dos legislaciones diferentes, por lo que desde la Alianza Mar Blava denunciaron la irregularidad. En su opinión, la intención era pasar al nuevo expediente todo lo tramitado en el anterior, de manera que se iba directamente a la declaración de impacto ambiental «sin pasar por la fase de información pública y alegaciones». «Insistimos en que el estudio de impacto ambiental no podía tener validez, porque estaba caducado, y que tenían que reiniciar el procedimiento», destacó.
Archivo del primer proyecto
Tras varios meses y una fase de consultas, incluida a la Abogacía del Estado, el pasado 21 de diciembre el Ministerio informó a la Alianza Mar Blava de que archivaba el primero de los expedientes y que el segundo habría que reiniciarlo desde el principio. «El Ministerio dijo que iba a obligar al promotor a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental y acústico», explicó. Asimismo, dijo que en febrero se indicó que todo pasaría a información pública.
Sin embargo, en mayo el colectivo comprobó que habían pasado los tres meses de plazo dados al promotor para presentar documentación y que no había aportado «ninguna». En base a esto, semanas después la Alianza exigió en un escrito al Ministerio que terminara el procedimiento. «Y este no ha tenido más remedio que hacerlo», sostuvo Bravo, y agregó que lo contrario habría sido «prevaricación». Así, el pasado 8 de julio se firmó la resolución que da por terminado el procedimiento y archivado el proyecto. «Aunque el promotor tiene un mes para recurrir, pensamos que no va a hacerlo», añadió.
Otros proyectos pendientes
Pese a la «segunda victoria», como destacó la portavoz de la Alianza Mar Blava, Maria Àngels Marí, Bravo sostuvo que no se acaba «la lucha» pues quedan dos proyectos de sondeos acústicos en marcha: el de Spectrum, que va del norte de Mallorca y Menorca al sur de Formentera, y el del Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Experimental de Trieste.
Sobre el primero, Bravo destacó que aunque habían exigido su caducidad «porque habían pasado los 18 meses de trámite que tenía según la ley anterior», el promotor pidió una prórroga de nueve meses y se la han concedido, «consideramos que saltándose la normativa». Ahora están a la espera de que salga a información pública «en cualquier momento», con lo que tendrán que iniciar la fase de alegaciones como sucedió con el de Cairn Energy.
Marí hizo un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice cuando esto suceda, tal y como ocurrió en el caso anterior, que se recogieron 128.000 firmas.
Del otro proyecto, el último presentado, Bravo destacó que aunque es «aparentemente científico», por lo que ellos saben «el sector petrolero también está detrás». «Lo que están tratando de investigar en esa zona son los yacimientos salinos», apuntó Bravo y agregó que estos son «una tapadera geológica a yacimientos de gas».
A este respecto, Jaume Estarellas, biólogo del Consell de Ibiza, aclaró que los grandes depósitos salinos son «indicativos de que debajo hay hidrocarburos bien de gas bien de petróleo». Además de esto, precisamente Estarellas señaló que la tecnología que usan para esos estudios científicos -cañones de aire comprimido- es la misma que en el resto de casos, por lo que es «igual de perjudicial» para la fauna marina. «Por eso vamos contra ellos», apostilló.
