­La operación desencadenada el martes por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria para investigar posibles delitos fiscales de la discoteca Amnesia ha llevado ya a intervenir al menos dos millones de euros en efectivo, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Ayer continuó el registro de las oficinas del establecimiento, donde los agentes de la policía judicial de la Guardia Civil y de la Unidad Central Operativa (UCO) emplearon mazas, picos y otras herramientas para buscar escondrijos, como se aprecia en las fotografías.

Los investigadores reanudaron los registros a mediodía y continuaron hasta las siete de la tarde, aproximadamente, momento en que ya retiraron los precintos de la puerta de la oficina. El martes los agentes permanecieron registrando los locales durante más de 17 horas y finalmente permitieron la apertura al público de la discoteca, después de que los representantes de la empresa alegaran que las órdenes judiciales de entrada y registro no incluían la suspensión de la actividad de la empresa.

Los cuatro arrestados, entre los que se encuentra el dueño de la discoteca, Martín Ferrer, serán puestos hoy a disposición judicial acusados de delitos contra la Hacienda Pública, aunque algunas fuentes no descartaban que pudiera incluirse también el de blanqueo de capitales.

El caso se encuentra bajo secreto del sumario y la operación se ha desarrollado con un gran secretismo y muchas cautelas para evitar filtraciones. De hecho, los agentes de la policía judicial de Mallorca y de la UCO de Madrid han habilitado una estancia en el cuartel de Can Sifre a la que sólo ellos tienen acceso y allí es donde se está almacenando la enorme cantidad de documentación intervenida en los numerosos registros llevados a cabo en la isla. Además de la discoteca Amnesia, los agentes de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria registraron domicilios y locales de los detenidos en Ibiza y Barcelona, un barco y cajas de seguridad de varias oficinas bancarias.

Los agentes han trasladado decenas de cajas de documentación.

Denuncia del Ministerio Público

La investigación, tutelada por la jueza de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, se inició a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía en octubre pasado, al considerar que las empresas de Martín Ferrer podrían haber eludido el pago de importantes cantidades del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el valor añadido durante varios años consecutivos. Además de Martín Ferrer, los agentes han detenido a su hijo, Martí Ferrer, al apoderado de muchas de las empresas del primero, David de Felipe, y al contable de la discoteca, Vicente Pérez de Montis.

Pese al desarrollo de la operación policial, la discoteca se mantiene abierta, aunque con las limitaciones derivadas de la fuerte intervención y control policial.