El Consell de Ibiza será «la primera institución pública de todo el Estado» que implantará cláusulas sociales y ambientales en los criterios que aplica en sus contrataciones. Así lo sostuvieron ayer las dos vicepresidentas del ejecutivo insular, Viviana de Sans y Marta Díaz, que comparecieron para anunciar que esta nueva política se empezará a aplicar «en un plazo de cuatro meses».
De esta forma, los criterios de carácter social y ambiental serán «de inclusión obligatoria» en todos los concursos de la institución, «con la excepción de los contratos menores», según reconoció la propia institución en un comunicado. Estos indicadores podrán llegar a suponer «entre el 10 y el 20%» de la ponderación de las ofertas que opten a contratar con el Consell.
Según se especifica, tanto los criterios sociales como ambientales puntuarán un mínimo del 5% y hasta un máximo del 15% de la ponderación. Serán «de inclusión obligatoria» en los pliegos que se saquen a licitación.
La vicepresidenta primera, Viviana de Sans, defendió esta nueva baremación por la necesidad «de aprovechar las obras, servicios y suministros para obtener un beneficio social y ambiental añadido». «Se ha de contratar empresas responsables e incentivar al resto para que lo sean», insistió. De Sans defiende este tipo de «medidas transversales e integradoras para conjugar la contratación pública y la política social y ambiental».
Por su parte, la vicepresidenta segunda recordó que hasta ahora «el criterio que se ha seguido para las contrataciones era el estrictamente económico y esto no siempre funciona porque penaliza a las empresas pequeñas y locales que no pueden competir». Sin olvidar que «las ofertas económicas después tienen sobrecostes, con lo que no se produce un ahorro».
A la hora de ponderar las ofertas, se valorará, por ejemplo, la creación de empleo «para personas con dificultad para acceder al mercado laboral», o la subcontratación con centros especiales de empleo, empresas de inserción y programas de empleo protegido, además de las medidas de igualdad de género.
En cuanto a los criterios ambientales, se tendrá en cuenta la minimización del consumo de recursos naturales, la menor generación de residuos, así como su reutilización o reciclabilidad, la eficiencia energética «y la utilización de fuentes de energía renovables», además del cumplimiento de las etiquetas ecológicas y de calidad.
El Consell creará una comisión técnica con personal propio que asesorará a la institución y a los ayuntamientos para promocionar este tipo de contratación en la isla. De estar en vigor el año pasado, estas cláusulas habrían afectado a 40 expedientes por un presupuesto global de 4,2 millones de euros. En 2014 habrían sido 45 expedientes por un total de 14,8 millones de euros.
