Las serias limitaciones que impone la llamada Ley Montoro -aprobada por el Gobierno central para contener el déficit público en las Administraciones y que impide la contratación de más funcionarios- ha provocado que los ayuntamientos ibicencos del PSOE y el Consell de Ibiza hayan lanzado una iniciativa conjunta para reclamar la reforma de esta normativa estatal. El objetivo principal es permitir que aquellos ayuntamientos más saneados económicamente puedan volver a contratar el personal que precisen y aumentar también su presupuesto, cuestiones ambas que tienen ahora vedadas por decisión del Gobierno del PP.
La imposibilidad de contratar más personas -especialmente policías locales- está causando «graves perjuicios a los ciudadanos», señalaron ayer en rueda de prensa representantes de los grupos del PSOE en todos los ayuntamientos de Ibiza y el Consell.
El Partido Socialista presentará una moción en todas estas instituciones para reclamar la «modulación» de la Ley Montoro, renunciando a pedir su derogación para favorecer la participación de los dos ayuntamientos del PP en esta reivindicación.
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ibiza, Alfonso Molina, reveló que solo en este Consistorio son necesarios 30 funcionarios más en diversas áreas, desde recaudación e inspección hasta bibliotecas, deportes o turismo. Parecida cifra consideró necesario incorporar la concejala de Sant Antoni Aída Alcaraz a este ayuntamiento, donde «hay que atender las necesidades haciendo malabarismos», afirmó. También Sant Josep, a través de Paquita Ribas, necesitaría «treinta o cuarenta» empleados públicos más, especialmente agentes de la policía, celadores y otros funcionarios que, según dijeron los socialistas, tampoco se pueden contratar mediante empresas externas. «Es vergonzoso tener que decir a los ciudadanos que el Ayuntamiento tiene suficiente dinero, pero que no puedes contratar a más policías porque la ley de Madrid no te deja», afirmó Paquita Ribas. El concejal socialista de Santa Eulària Ramón Roca señaló que la Ley Montoro «se hizo para que las administraciones fueran eficientes, pero ha acabado consiguiendo el efecto contrario, pues se impide a los ayuntamientos que puedan ser eficientes».
Situación «injusta»
Tal y como destacó Alfonso Molina, se produce la paradoja de que esta limitación afecta justamente a aquellas administraciones -los ayuntamientos- que mejor han cumplido con las obligaciones de ajuste del déficit. «Es evidente que son las administraciones que más esfuerzos han realizado y más eficazmente han luchado contra el déficit», afirma la propuesta que se someterá a votación en todos los municipios ibicencos y el Consell. «No es adecuado ni justo que todas las administraciones locales sean tratadas por igual, independientemente de su situación financiera», añade.
Por ello, se propone que se cambie la ley para permitir incrementar el presupuesto y el personal a los ayuntamientos que cumplan las siguientes condiciones: tener un ahorro neto positivo, un resultado presupuestario positivo, que su endeudamiento esté dentro de los límites recomendados por el Ministerio de Hacienda y, finalmente, que el periodo medio de pago a proveedores esté dentro de los objetivos establecidos por el Ministerio de Hacienda.
El conjunto de normas aprobadas con la denominación genérica de Ley Montoro «están llevando a la paradójica situación de que las administraciones locales son capaces de generar recursos más que suficientes para gestionar unos servicios públicos, pero que no pueden prestar por las limitaciones legales» de contratación de personal.
