«Tengo una hija de ocho años y estoy embarazada y el 1 de marzo me podría quedar en la calle», «mi casera no me quiere renovar el contrato porque prefiere alquilar la vivienda a turistas», «tengo trabajo todo el año, pero no puedo pagar los precios que piden por una casa», son algunas de las frases que se escucharon ayer en la primera reunión del año que celebró la plataforma ´Ibiza, afectados con los alquileres´, cuyo grupo de Facebook cuenta con 6.771 miembros, en la sede de Podemos de Ibiza. El portavoz de este movimiento ciudadano, Luiz Gonzaga, pidió al cerca del medio centenar de asistentes una «colaboración activa» para denunciar, no solo los precios «abusivos» de los arrendamientos, sino también a los que subarriendan habitaciones «con el objetivo de lucrarse». «No es lo mismo el que alquila una habitación de su casa para pagar la mensualidad que el que la subarrienda para especular», matizó Gonzaga.

Para hacer visible la dificultad de encontrar una vivienda para todo el año y no solo para de noviembre a abril, el promotor de ´Ibiza afectados por los alquileres´ propuso en la reunión convocar una manifestación en el paseo de Vara de Rey el próximo 9 de abril, si cuenta con la colaboración de voluntarios para ayudarle en la organización. «Estamos aquí para compartir ideas y aceptar propuestas para solucionar este problema, que cada año va a más. No se alquilan pisos para todo el año y los que se ofertan durante la temporada turística cada verano son más caros», apuntó Gonzaga, que remarcó que con sus movilizaciones no conseguirán bajar los precios de forma directa. «Vivimos en un sistema de libre mercado, así que los propietarios tienen total libertad para decidir cuánto cobrar por un alquiler», recordó el portavoz de la plataforma. Una de sus usuarias más activas es Natalia Ojeda, que recopila las denuncias de casos abusivos que les mandan los usuarios. «Me estoy ganando un viaje de vuelta a la Península», ironizó una de las promotoras de esta reunión. En lo que va de año, ya han contabilizado unas 50 quejas.

El caso de una embarazada

Durante el encuentro, que comenzó a las 19.3o horas, algunos de los asistentes (entre los que se encontraban el diputado balear de la formación morada, Salvador Aguilera; la vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, y el director insular de Movilidad, Gianandrea di Terlizzi) compartieron sus situaciones personales.

El caso que puso los pelos de punta al medio centenar de asistentes fue el de L.P., una mujer embarazado y con una hija de 8 años que reside en Ibiza desde hace 14 años y que tiene trabajo fijo. Sin embargo, contar con una nómina no es suficiente para poder quedarse en el piso en el que vive. Su contrato se cumplirá el próximo 1 de marzo y su arrendador no quiere ampliárselo. «Me he separado hace poco y tengo que cambiar de casa, pero no encuentro nada, ninguna opción asequible para vivir todo el año. No sé qué haré a partir del 1 de marzo», contaba con lágrimas en los ojos esta afectada.

Además, L.P. afirmó que estaría dispuesta a abandonar la isla, pero que no lo hace por su hija. «He visto anuncios de casas en Mallorca por 700 euros todo el año, pero si me voy de Ibiza mi hija tendría que cambiar de colegio y dejar a sus amigos. Además, tendría que pedir un permiso al juzgado y para el padre sería más complicado visitarla», relató esta mujer, que prefirió no dar su nombre completo.

A Roberto Antonio Valladolid, nacido en Ecuador pero residente en Ibiza desde hace 15 años, su contrato de alquiler le venció el pasado 31 de enero, pero continúa en la vivienda, ubicada en la avenida España de Ibiza, con su familia: su mujer y una hija de 19 años. El propietario no le quiso ampliar ni renovar el contrato porque Valladolid incluyó el alquiler de la vivienda en su declaración de la renta. «Mi casero se enfadó conmigo porque no quería que lo declarase y por eso me ha dicho que me busque otro lugar en el que vivir. No he encontrado ninguna oferta para todo el año y los anuncios que hay de temporada tienen unos precios desorbitados», criticó Valladolid, quien, a pesar de tener trabajo fijo, es mecánico chapista de un taller, no puede permitirse destinar todo su sueldo a un alquiler. «La dueña del último piso a la que llamé me pidió 2.600 euros de fianza por un piso de dos habitaciones», explicó.

Por su parte, Ana prefirió no exponer su caso en la reunión, pero contó a este diario que a ella le costó «casi 3.000 euros en abogados» prorrogar su contrato un año más. La hija de su casera, que falleció hace unos años, la quería echar de la casa en la que su marido y ella viven desde hace 22 años para alquilarla solo en verano. Su contrato concluía en marzo del año pasado y su nueva casera se negaba a ampliárselo. «Nos mandó un burofax para informarnos de que quería que abandonásemos la casa. Nosotros estábamos dispuestos a pagar más dinero si nos dejaba quedarnos allí, pero se negó. Al final, llegamos a un acuerdo para evitar el juicio», contó Ana, que asistió a la reunión de la plataforma para informarse, ya que en unos meses comenzará su odisea de encontrar un alquiler de 12 meses.